6. Stiglitz

Ahora que se están dando las discusiones sobre las reglas de juego de la economía mundial, es necesario también revisar el modelo económico de nuestro país, condición indispensable para conformar un nuevo pacto social que garantice a los Colombianos la posibilidad de vivir en paz con justicia social, para lo cual debe lograrse un consenso sobre algunos elementos esenciales que permitan la consolidación de un nuevo Estado Social de Derecho, entre ellos, los servicios públicos.

En la Asamblea Constituyente se puso de manifiesto la necesidad de que el Estado asumiera acciones más efectivas en relación con los servicios públicos. En ese momento, existía un enorme descontento entre la población que permanentemente acudía a los paros cívicos para protestar por la mala o ninguna prestación de estos servicios y sus altas tarifas. Además, se evidenciaba el despilfarro y la corrupción en los entes encargados de los mismos. La obligación de atender las necesidades básicas cada vez se veía menos realizable, como en el caso del agua potable, y los proyectos que se emprendían desde la capital del país se perdían en la burocracia y la politiquería.

Por supuesto que la corrupción sigue, la atención de las necesidades básicas es insuficiente, algunas empresas se han quebrado y ello a pesar de que las tarifas también han aumentado considerablemente. Entonces, por qué ha de ser bueno el actual régimen?

Para responder esta pregunta considero que no es suficiente con una revisión estadística sobre los beneficios que ha traído la liberalización del sector, como el aumento de la teledensidad y del consumo, o dedicarnos a ensalzar la consolidación que ha tenido el sector y particularmente algunas empresas como la ETB y EPM, porque esa visión no estaría completa si no nos detenemos a analizar lo que sucedió con TELECOM y los contratos de asociación a riesgo compartido, ni podemos pasar por alto la situación de las empresas actualmente intervenidas como EDT, EMCALI, Telesantamarta o Teletequendama, que demuestran fallas en el sistema de regulación, control y vigilancia que no son exclusivamente criollas, pues tenemos también los ejemplos de la ENRON y WORLDCOM, a los cuales no les hemos prestado suficiente atención y que podrían dejarnos algunas enseñanzas.

Sin lugar a dudas, nuestro sistema económico se fundamenta en el capitalismo, en la libre empresa y en la propiedad privada. Por lo tanto, la legislación y la consiguiente regulación deben respetar casi hasta la veneración estos principios fundamentales de nuestra organización social. De allí se derivan algunas reglas ya conocidas, como la necesidad de brindar seguridad jurídica a los empresarios para que puedan proyectar sus inversiones y prevenir los riesgos económicos inherentes a sus actividades. Este es el camino en el que las sociedades democráticas basan su desarrollo y mediante el cual se puede alcanzar el bienestar general.

Pero esta visión de los beneficios de una economía de mercado debe también contemplar al consumidor. En efecto, el régimen de los servicios públicos consigna también el principio de solidaridad para satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Este compromiso mínimo de justicia social es condición indispensable para alcanzar la paz que todos reclamamos y debe asumirse con la mayor responsabilidad para poder salir de nuestra penosa realidad, sin caer en los peligrosos terrenos del populismo que amenaza la estabilidad de nuestra región y que tantas frustraciones, divisiones y pobreza ha traído al hemisferio.

Es por ello que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han reconocido que los monopolios pueden ser una mejor forma de organización para los servicios públicos en países pequeños y subdesarrollados. Esta es la solución que el mercado naturalmente ha buscado en la operación del servicio de telefonía de local extendida y por eso, tiende a ser buena, pero no podría decirse lo mismo del servicio de larga distancia, cuya apertura ha traído claros beneficios para la población.

La razón por la cual tenemos dos soluciones distintas para un mismo país es por las diferencias entre el sector rural y el sector urbano en nuestro país, que nos obliga a adoptar soluciones de telefonía comunitaria para el campo, iguales a las que se ensayaron por primera vez en Africa con el apoyo de la UIT, cuando se acuñó el concepto de “acceso universal”, mientras promovemos el acceso a los servicios de banda ancha en las ciudades. Pero lo que no podemos hacer es tratar de montar las soluciones de “acceso universal” en las ciudades, mientras tratamos de llevar telefonía residencial a localidades con menos de 1000 habitantes.

Sin embargo, debe quedar muy claro que esta afirmación no puede ser tomada en el sentido de defender el modelo monopólico, cuyas deficiencias han sido suficientemente diagnosticadas. Por el contrario, son evidentes los beneficios que la competencia ha traído para los usuarios en servicios como la telefonía móvil, internet y larga distancia. Trato simplemente de señalar como el proceso de regulación debe responder a estas particularidades.

Por lo tanto, es indispensable conocer los pormenores de los procesos que se han seguido en cada lugar y las diferencias estructurales que existen entre nuestros países, antes de copiar la regulación de otros lugares, pero tampoco podemos ser tímidos al momento de tomar las decisiones que redundarán en beneficio de todos.

Es necesario que las empresas se adapten sin reticencias a un entorno más competitivo y procuren su eficiencia continuada. Es un deber de sus propietarios y empleados porque la eficiencia se traduce en mayor bienestar para la comunidad y en eso consiste la función social de la propiedad a la que se refiere nuestra Constitución Política.

Parafraseando a STIGLITZ, las privatizaciones son buenas si logran que las compañías sean más eficientes y reducen los precios a los consumidores, lo cual es más probable si los mercados son competitivos. Pero en el fondo, lo que la economía requiere y a lo que los usuarios tienen derecho es a que las empresas sean eficientes.