2. servicio universal

viene de 1. servicio universal
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Por otra parte, debemos tener en cuenta que no es pecado proteger a nuestras empresas porque son de capital público. Por el contrario, es nuestro deber, como también lo han comprendido muchos países europeos que mantienen niveles muy altos de participación es sus operadores nacionales con el fin de controlarlos, como Francia, Suecia, Finlandia y Alemania, o como España que ha previsto la “cláusula de oro” para vetar operaciones que pueden afectar los intereses del Estado, como sucedió con recientes intentos de control de Telefónica por una empresa extranjera. Incluso, debemos tener presente que nuestras empresas públicas son la más seria posibilidad de democratizar la propiedad en nuestro país, como en efecto se ha querido hacer con ISA y ETB, de manera que es legítimo buscar su mayor valorización para que, llegado el momento oportuno, esa propiedad maximice el beneficio de la nación y se traduzca en una inversión segura para sus accionistas. Esas son las inversiones que generan capital productivo y enriquecen a un país.

Lamentablemente, creo que el proyecto de ley general de telecomunicaciones que prepara el Gobierno Nacional está en contravía con nuestras condiciones sociales y económicas, además de tener un grave error desde jurídico. El proyecto propone eliminar los subsidios que actualmente se otorgan a los estratos 1 y 2 y, en su lugar, establece que los recursos disponibles sean utilizados para financiar “exclusivamente el componente de inversión en la infraestructura”. De llevarse a la práctica esta decisión, considero que se producirían las siguientes consecuencias:

1. Se presentará una devolución de líneas, con lo que probablemente seremos el único país en el mundo que vea disminuida su teledensidad.
2. Aún cuando los usuarios de los estratos 5 y 6 deberían tener una disminución en sus tarifas cercana al 20%, lo cual no sería equitativo con los estratos 1 y 2, es posible que este alivio tampoco se dé en los estratos altos porque a su vez se propone un régimen de libertad tarifaria. De hecho, en la presentación del proyecto se afirma, sin ningún rubor, que la “contribución puede reconvertirse como parte de la tarifa e incluso incrementarse”.
3. Por supuesto, con la libertad tarifaria se espera compensar la pérdida de clientes y de consumo en los estratos 1 y 2, pero además de que la solución genera un círculo vicioso, como de hecho ha pasado en varias ciudades, estoy seguro que las empresas se opondrán a dicha solución porque ellas mismas tienen claro que obtener utilidades no es su único objeto y que la devolución de líneas y los aumentos en el costo del servicio traerá repercusiones sociales muy graves a las que deben “ponerle la cara”.

Lo anterior no significa que no se deba revisar el esquema actual de subsidios y contribuciones. En efecto, es sabido que en las grandes ciudades se concentra la industria, el comercio y las elites, mientras que en las capitales de provincia como Florencia, Neiva, Ibagué, Villavicencio o Valledupar, entre muchas otras, la industria prácticamente no existe, el comercio es menor y su principal renglón económico sigue siendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala. Pues bien, el sistema de subsidios y contribuciones como se está aplicando, solo funciona adecuadamente en las ciudades como Medellín o Bogotá, donde se llega a subsidiar al estrato 3 y se otorgan subsidios entre el 35 y el 40% en promedio. En contraste, las capitales de provincia cuando mucho pueden otorgar un subsidio del 20% a los estratos 1 y 2, pues carecen de usuarios contribuyentes.

Como se explicó en el proyecto de ley 160/01, el déficit existe porque el subsidio es muy alto y porque quedó bajo la administración de las empresas que buscan, como es lógico, el mayor bienestar para sus clientes, absorbiendo todos los recursos disponibles; pero si logramos equilibrar las cuentas del Fondo de Comunicaciones, se puede garantizar un subsidio a largo plazo y mejor distribuido, de acuerdo con una media nacional, para que estos recursos también lleguen a las regiones distantes.Por último, considero que la solución está en contradicción con nuestra Constitución Política como paso a explicar. La tesis propuesta en el proyecto de ley parte de un supuesto equivocado, pues considera que las inversiones que se realizaron para llevar el servicio a los estratos 1 y 2 fueron a pérdida. Eso no es cierto. Cuando muchas de esas inversiones se hicieron, el cargo por conexión que se cobraba era exageradamente alto, entre $450.000 para las ciudades y $1’200.000 en zonas rurales, cuando el costo comercial de instalación podía ser de $ 350.000, de manera que eran evidentes los excedentes del productor, al punto que la CRT tuvo que intervenirlo y lo mantiene congelado desde hace más de 5 años. Pero, incluso, la mayor parte de esa infraestructura en la ciudades se monto hace mucho tiempo y sus costos ya debieron haber sido recuperados, de manera que muchas de las inversiones para las conexiones de nuevos usuarios pueden considerarse “marginales”, de manera que puedo afirmar que los cargos de conexión nunca se han subsidiado, ni la infraestructura en las ciudades se ha construido a pérdida.Pero en gracia de discusión, si las empresas ya realizaron esos gastos, lo que se haría es cubrir las pérdidas por unas inversiones que resultaron deficitarias y no realizando una inversión social, de manera que la destinación de esos recursos a las empresas desconoce lo dispuesto en los artículos 355 y 359 de la Constitución Política.Algunos podrán decir que en este caso no se trata de “particulares” que son los sujetos a los que se refiere la prohibición del artículo 355. Pues más grave aún porque la solución tendría un efecto perverso, al impedir que algunas de estas empresas se capitalicen con recursos privados, como en el caso de la ETB y en contra de las más evidentes necesidades y tendencias del sector. Permítanme ahora resumir algunas ideas que considero pueden ser las conclusiones de esta disertación:

1. Es un deber del Estado, igual de importante al de promover la inversión privada, el de proteger los capitales públicos, procurando maximizar su valor y cuidando que los procesos de capitalización no afecten la misión de las empresas en relación con su responsabilidad social.

2. Debemos preocuparnos no solamente por ampliar y modernizar la infraestructura existente sino por garantizar que los usuarios puedan seguir pagando las tarifas de los servicios públicos, tal como lo manifestó el Señor Presidente en su programa de gobierno y como, en forma coincidente, lo ha hecho el Alcalde de Medellín, a pesar de la irónica y prematura reacción del propio gobierno en el caso de la congelación de las tarifas de energía.

3. Así mismo, Los recursos del gobierno deben destinarse principalmente a proyectos de ampliación de infraestructura en las zonas rurales, apoyando decididamente la telefonía rural y local extendida, mientras esperamos que por efectos del mercado se cubran las necesidades de las poblaciones urbanas.

Estas opciones no son contradictorias sino complementarias, en la medida que la atención de las necesidades en cada caso no compromete la forma de financiación de alguna de ellas, sino que están claramente diferenciadas: por una parte, el régimen de subsidios y contribuciones en zonas urbanas y, por otra parte, la financiación de proyectos para atender las regiones que no tendrían cubrimiento sin apoyo directo del Estado. Por último, quiero citar a STIGLITZ en un aparte de su libro que contiene una coincidencia interesantísima con mi exposición. Escribe el autor: “Es inevitable que el proceso de desarrollo y los cambios rápidos representen enormes esfuerzos para la sociedad. Las autoridades tradicionales son desafiadas y las relaciones tradicionales revisadas. Por eso el desarrollo exitoso atiende con cuidado la estabilidad social, una gran lección no solo en el caso de Botsuana, sino también del de Indonesia, donde el FMI insistió en abolir los subsidios a los alimentos y el queroseno (combustible empleado en la cocina de los pobres) cuando las políticas del FMI habían exacerbado la recesión del país, las rentas y salarios caían y el paro subía. Los disturbios subsiguientes dañaron el tejido social del país, agudizando la depresión. La abolición de los subsidios no sólo fue una mala política social: fue una mala política económica” (STIGLITZ, 107).Muchas gracias,

Bibliografía:1. STIGLITZ, Joseph. El malestar de la globalización. Ed. Taunus. 2002.2. DE SOTO, Hernando. Los cinco misterios del capital. Revista Perspectiva No.1 – Instituto de Ciencia Política.3. Informe anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (2002). WWW.CMT.ES4. Informe del sector. www. crt.gov.co5. Presentación del proyecto de ley. www. Mincomunicaciones.gov.co