5. TV digital

Recientemente uno de los miembros de la CNTV afirmó que la televisión digital en nuestro país está más cerca que lejos, lo cual parece ser una frase demasiado optimista, si no carente de fundamento, como lo comprueba no solo el hecho de que el tema sea propiedad de un pequeño círculo de expertos, sino también la ausencia de una política al respecto por parte de las principales instancias de decisión.

Sin lugar a dudas, la televisión digital es uno de los instrumentos más eficientes para facilitar el acceso de nuestros ciudadanos a la sociedad de la información, objetivo primordial de las políticas del Estado en el sector de las info-comunicaciones. Pero basta observar los proyectos de ley de televisión para ver como el tema ni siquiera es mencionado, a pesar de que es necesario que se definan muchos aspectos que son fundamentales para la introducción de esta tecnología, no solo en las futuras concesiones sino también para los actuales contratos de los canales privados, siempre teniendo en cuanta que debe respetarse el equilibrio económico de los contratos celebrados.

Continuando con el tema del proyecto de ley, considero que se enfocan mal las soluciones a la situación de la industria de la televisión, tanto desde el punto de vista económico o del negocio, como desde el punto de vista político o de la organización social.

Desde el punto de vista económico porque reduce la solución del problema de la viabilidad económica de los canales de televisión, ocasionado principalmente por una baja demanda de los espacios de publicidad, a contraer la oferta, es decir, eliminar uno de los llamados “canales públicos” para que la publicidad se distribuya más equitativamente entre unos pocos programadores y los concesionarios de los canales privados, lo cual conlleva a que sea menor el número de productos y servicios que pueden utilizar el mejor canal de publicidad de la actualidad y, como consecuencia de ello, el aumento de los costos de los espacios en beneficio de los concesionarios y en perjuicio del resto de la economía.

Desde el punto de vista político, se está olvidando el espíritu del constituyente que propende por facilitar el acceso democrático a la televisión para que un mayor número de personas puedan expresar sus opiniones, fundar medios de comunicación y, por consiguiente, ampliar las bases de la democracia en nuestro país.

Esto no significa que no deba existir un canal institucional que divulgue la actividad de las entidades del Estado, con la esperanza de que los ciudadanos puedan acceder a los beneficios de los proyectos del Estado y se interesen más por el debate público, como ocurrió con la audiencia sobre el referendo convocada por la Corte Constitucional y que debió tener buenos índices de sintonía, aún cuando en el otro canal se estuviera viendo un partido de fútbol.

Sin lugar a dudas, es importante que las entidades del Estado, como los ministerios, las gobernaciones y alcaldías, los órganos de control y por supuesto los de representación popular, tengan un espacio para informar sobre temas de amplio interés, pero ese canal no tiene que existir a costa de uno de los canales que actualmente gestionan los particulares.

Resumiendo, al suprimirse uno de los actuales canales gestionado por el sector privado, se estarían olvidando tres aspectos fundamentales que corresponden al papel que los medios de comunicación deben cumplir en la sociedad moderna, como son:

1) La televisión es un multiplicador de riqueza. Se trata por supuesto de una de las industrias de mayor futuro a nivel mundial, donde fincaron sus emporios los grandes magnates y que además es actualmente el principal canal de ventas para los demás sectores de la economía.

2) La televisión es el medio que más influye en la formación de la opinión pública y, por lo tanto, el que orienta la voluntad política de cada nación. Es importante garantizar la diversidad de opinión en los canales informativos y la independencia tanto política como económica.

3) La televisión debe servir a la divulgación de los valores culturales de un país. Tema que resulta muy complejo, por no decir que lleno de contradicciones, en la medida que no siempre la divulgación de estos contenidos es rentable, por lo cual se requieren unas reglas claras sobre la financiación de esta programación, sin llegar a los extremos de castigar a los empresarios con decisiones como la de prohibir las tele-ventas, restringir la publicidad o intervenir sobre el contenido de algunos programas con argumentos tan “inquisidores” como que no corresponden a la misión de promover la cultura. Las reglas sobre este aspecto deben estar predeterminadas y no pueden inhibir la iniciativa privada, por lo que la imposición de criterios sobre el contenido de la programación solo puede darse cuando existe un compromiso de co-financiación por parte del Estado.

En tal sentido, los proyectos de ley presentados hasta el momento perpetúan el esquema del Estado paternalista, dispensador de favores en horario triple A, para unos pocos amigos que pueden gozar de las rentas que dispensa una concesión con estos privilegios, no importa que los contratos los adjudique la CNTV o el mismo gobierno.
Se dirá que no son tan buenos esos favores cuando muchos de los últimos concesionarios quebraron, pero vale la pena aclarar que esto ocurrió principalmente porque tuvieron que competir en medio de un equivocado esquema de regulación. Este aspecto es principalmente el que la ley debe corregir pero no con una solución tan simple como la de eliminar un canal para reducir la oferta de publicidad y aumentar sus precios, sino desregulando la prestación del servicio, reduciendo los costos de operación y las tasas de contribución.

También es importante que el gobierno tome una decisión sobre el canal 13, procurando su privatización, para que exista un canal regional que sirva a los objetivos mencionados, por lo menos para compensar la pérdida del canal público nacional. Sería una excelente oportunidad para verdaderos pioneros que deberían tener el apoyo del gobierno para organizarse, recordando que tal como lo ha manifestado la Ministra de Comunicaciones, no es interés del Estado tener un ánimo “fiscalista” en la asignación de recursos y bienes públicos.

Por último, quiero agregar que la publicidad en televisión creció en un escenario macroeconómico adverso (2000-2001), cerca de un 15%, mientras que en otros medios, los resultados fueron negativos, lo cual significa que la televisión está capturando en forma progresiva la mayor parte de los ingresos destinados a la publicidad. Sin embargo, no puede ignorarse que la situación de la industria es sumamente incierta, no solo por las condiciones macroeconómicas sino también por el crecimiento de la televisión por suscripción, la convergencia y la masificación de internet, por señalar algunos de los factores que incidirán en un plazo no muy lejano sobre su desarrollo, para lo cual el marco legal debe fijar una posición clara y temas sobre los cuales comentaré próximamente.