4. subsidios

El proyecto de ley general de telecomunicaciones que prepara el Gobierno Nacional propone eliminar los subsidios que actualmente se otorgan a los estratos 1 y 2 y, en su lugar, establece que los recursos disponibles serán utilizados para financiar “exclusivamente el componente de inversión en la infraestructura”. De llevarse a la práctica esta decisión, se producirían las siguientes consecuencias:
1. Se presentará una devolución de líneas, con lo que probablemente seremos el único país en el mundo que vea disminuida su teledensidad.
2. Aun cuando los usuarios de los estratos 5 y 6 deberían tener una disminución en sus tarifas cercana al 20%, es posible que este alivio no se dé en los estratos altos porque a su vez se propone un régimen de libertad tarifaria. De hecho, en la presentación del proyecto se afirma, sin ningún rubor, que la “contribución puede reconvertirse como parte de la tarifa e incluso incrementarse”.
3. Por supuesto, con la libertad tarifaria se espera compensar la pérdida de clientes y de consumo en los estratos 1 y 2, pero además de que la solución genera un círculo vicioso, estoy seguro que las empresas se opondrán a dicha solución porque ellas mismas tienen claro que obtener utilidades no es su único objeto y que la devolución de líneas por aumentos en el costo del servicio generará repercusiones sociales muy graves a las que deben “ponerle la cara”.
Por otra parte, el proyecto de ley prevé que las empresas de servicios públicos paguen una contribución equivalente a la de los demás operadores, que servirá para ejecutar proyectos que garanticen el acceso en las zonas apartadas y con menor capacidad económica, las personas con limitaciones físicas y en proyectos que generen el “mayor impacto para el desarrollo económico, social y cultural del país”. Nobles fines que sin lugar a dudas no pueden ser descuidados y para lo cual ya se elaboró el Plan Nacional de Servicio Universal, con una proyección de diez años.
Dicho Plan ha previsto desarrollar programas para llevar acceso mediante teléfonos comunitarios a todas las poblaciones del país con más de 75 habitantes y menos de 2 líneas telefónicas por cada mil, es decir, 9970 localidades y un poco más de 2 millones de habitantes. También se ejecutarán proyectos de telefonía domiciliaria en municipios con densidad inferior a 5 teléfonos por cada 100 habitantes y de acceso comunitario a internet en todos los municipios del país con menos de 40.000 habitantes (569) y se dará acceso a las escuelas, bibliotecas (6842), hospitales y centros de salud (1276) que se encuentren en ciudades con menos de 100.000.
Para cumplir con estas metas se ha calculado que se requieren $2.178 millones de dólares, pero solo se dispone de $950 millones, que son suficientes para financiar la infraestructura requerida. Los $1.228 restantes se utilizaran para desarrollar programas de tele-educación y pueden obtenerse mediante la ejecución de proyectos “llave en mano” con la empresa privada, con recursos de organismos multilaterales de ayuda y con fondos del presupuesto nacional, además de los excedentes que podrían producirse si el sector crece más de lo proyectado.
Sería una lástima que el país cayera una vez más en la trampa de la improvisación y se cambiaran estas políticas que han sido elogiadas internacionalmente. En tal sentido, no está claro en el proyecto de ley si se pretende destinar los recursos de los subsidios a cumplir los objetivos de este plan o si se trata de nuevos proyectos, lo cual supone una reformulación del Plan Nacional de Servicio Universal. En el primer caso, los ingresos previstos para el Fondo con el esquema actual serían suficientes. En el segundo, sería bueno que se explique cuáles son los proyectos que se pretende ejecutar y que requieren de tanto dinero como el que representan los actuales subsidios.
Lo anterior no significa que no se deba revisar el esquema actual de subsidios y contribuciones. Como se explicó en el proyecto de ley 160/01, actualmente en trámite, el déficit se da porque el subsidio es muy alto pero, si se equilibra, se puede garantizar un subsidio a largo plazo, mejor distribuido de acuerdo con una media nacional, para que estos recursos también lleguen a las regiones de bajos ingresos.
Además, debe tenerse en cuenta que el Estado tiene el deber de garantizar no solo la conexión sino que las personas puedan disfrutar del servicio a un precio asequible, de acuerdo con su capacidad de pago. Ese derecho no se contrapone a entregarle el servicio también a quienes no lo tienen.
En conclusión, la pregunta que debe resolverse es si podemos seguir aumentando los costos de vida de la población más pobre para desarrollar estos proyectos o si las fuentes de financiación deben encontrarse por otros medios.