119. Reformitis

Un nuevo intento de reforma a la Justicia se viene anunciando y, como muchos otros pasados, arranca “regulimbis” porque no hay consenso sobre lo que se debe resolver. Un experimento sencillo lo demuestra. Pregunte usted qué se requiere y las respuestas serán de muchos colores y sabores, según el encuestado: el ciudadano común reclama el endurecimiento de las penas y cárcel para los delincuentes, mientras que los académicos hablan de la justicia restaurativa; algunos abogan por cambios en la estructura del Estado y en los tribunales de cierre; otros piden suprimir al ministerio público, mientras que muchos reclaman un mejor servicio de defensoría pública… que el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación… que la reforma al Consejo Superior de la Judicatura… que la autonomía presupuestal… También están los que entienden la reforma a la justicia como la modificación puntual de normas procesales, como suprimir la admisión de la demanda o las condiciones de alguna prueba o reducir la posibilidad de interponer recursos, mientras se intercalan palabras de moda, como TICs, expediente digital, IA, como si la simple mención los hiciera eruditos en estos temas. Pero si estos son los temas de una reforma, puede afirmarse que cada dos años se produce una. Repasemos: en el 2022 se aprobó la Ley 2213 sobre TICs y hubo una reforma al Código de Procedimiento Penal (Ley 2205) y una al Código Penal (Ley 2197); en 2021, hubo dos reformas al Código de Infancia y Adolescencia (Leyes 2126 y 2089), una al contencioso administrativo (Ley 2080) … el rosario es largo y, aun cuando parezca inaudito, hay una reforma a la justicia que ya fue aprobada y revisada por la Corte Constitucional, pero aún no ha sido sancionada. El debate, como puede verse, es amplio, tanto así que el ministro de justicia ya definió una “matriz de reformas”. También Vargas Lleras, miembro de la comisión de expertos conformada por el gobierno, tiene sus propuestas, algunas que no parecen tener relación con la materia, como la eliminación de las contralorías departamentales y municipales, así como otras que requieren una reforma constitucional, como suprimir la Procuraduría General. Confirmando lo dicho inicialmente sobre la diversidad de los temas que pueden caber en una reforma a la Justicia, Vargas también propone la reforma del régimen penitenciario y “de paso” las consultas previas en los proyectos de inversión, asunto completamente ajeno a la materia. Algunas otras propuestas del exministro, como la definición de un término para interponer la acción de tutela es un asunto, por decirlo así, confuso, pues bien se sabe que una característica de esta acción es su inmediatez; también la obligación de tramitar las tutelas contra autos y sentencias en la misma jurisdicción estaría superada desde la expedición del Decreto 333 de 2021. En fin, lo que parece claro es que la reforma a la justicia no es un debate sobre un proyecto de ley sino sobre algo mucho más profundo, para lo cual seguramente se requieren cambios en la Constitución Política. No está de más recordar que hace catorce años se conformó una comisión de juristas con el mismo objetivo, hoy en día sus resultados NO están a la vista.