120. La Matriz

Para centrar la discusión sobre la reforma a la justicia, el ministro ha definido cinco ejes temáticos, como son: 1) Una justicia volcada hacia el esclarecimiento de la verdad. Este tema implica una reforma integral de la legislación penal, desafío que por sí mismo absorbería la discusión de la comisión, como la ampliación y fortalecimiento de la justicia restaurativa y transicional, el fortalecimiento de la investigación de violaciones a los DDHH y DIH o, como se lee en el documento del gobierno, “Retornar al modelo penal acusatorio originalmente planteado a principios del presente siglo (ley 906 de 2004), sin las barreras para las negociaciones, preacuerdos, subrogados, principios de oportunidad y rebajas de pena que luego le fueron agregadas”, barreras que se contemplan para los delitos de alto impacto, como infracciones al DIH, terrorismo, narcotráfico, feminicidio y los actos sexuales con menores de edad, de manera que en estos asuntos parece que la visión académica, contemporánea y humanista, si se quiere decir así, está divorciada del clamor social, cansada del aumento de la criminalidad y de la impunidad. 2) Una justicia eficaz en la lucha contra la corrupción. Loable propósito, pero con propuestas heterogéneas: así como predica la necesidad de disminuir la duración de los procesos, también habla de fortalecer la carrera judicial y restringir el traslado de jueces y fiscales, aun cuando los primeros no son trasladables, a la vez que se propone crear un cuerpo élite para la investigación de los delitos de corrupción y tomar medidas para proteger a los denunciantes. Para focalizar el tema hay que mirarlo como una revisión al funcionamiento de la Fiscalía General. 3) Una justicia que asume los enfoques diferenciales. Aun cuando es indiscutible la importancia de este principio como eje fundamental de la justicia, ampliamente desarrollado en el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional, en la matriz se mezclan varios temas. El principal gira entorno al manejo de los delitos de violencia de género, como la destinación de fiscales y jueces exclusivamente para estos asuntos, la definición de competencias entre defensorías y comisarías de familia o la creación de centros de atención para las víctimas. También se proponen el fortalecimiento de la justicia restaurativa y terapéutica para los adolescentes y la ley de coordinación entre la jurisdicción común y la jurisdicción indígena, propuestas que son bienvenidas pero que tendrían que concretarse en proyectos independientes. Otros temas, como el cambio en la ley de cuotas para que las mujeres tengan oportunidad de acceder a cargos de dirección en los empleos públicos, no parece relacionarse con el objeto principal de la reforma. 4) Una justicia accesible para personas, grupos y territorios tradicionalmente excluidos. Aquí se habla de implementar la jurisdicción agraria y rural, mandato que está vigente desde julio del año pasado y para lo cual es necesario presentar la ley de procedimiento agrario y apropiar los recursos para el funcionamiento. Además, propone fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, crear un sistema nacional de defensoría pública, el cual ya existe pero requiere más personal ($$$) y fortalecer la digitalización de la justicia (más $$$). 5) Una justicia robusta, moderna y eficaz, en la que las sentencias se cumplen. Finalmente, aborda el tema presupuestal, tema cuya discusión es mejor tener con el ministro de hacienda, aun cuando también menciona el ministro que las sentencias, principalmente las de tutela y los fallos de tribunales internacionales, no se cumplen. En este asunto es bueno recordar que la mayoría de las tutelas se originan en fallas del servicio del propio Estado, muchas relacionadas con la función de policía administrativa que tienen las superintendencias. En conclusión, no se puede ser optimista en la discusión de estos temas. Lo primero que está claro es que este debate no es definitorio, pues cualquier consenso de la comisión debe llevarse a nuevos escenarios, como el Congreso de la República, para discutir proyectos independientes, algunos de calado constitucional, otros legal y otros que, incluso, solo requieren determinación del ejecutivo, de manera que puede pasar mucho tiempo antes de que se concreten o se olviden. Lo segundo es que la propuesta aborda lo divino y lo humano. Sería conveniente aterrizar más el debate, segmentarlo, pues la matriz sigue siendo dispersa. Debería hablarse de una reforma a la justicia penal, lo cual redundaría en una mayor eficacia del debate, recordando el viejo refrán de que “quien mucho abarca, poco aprieta”, lo cual no impide que posteriormente se estudien otros temas. En tercer lugar, en vez de hablar de temas como la creación de centros de atención para víctimas de violencia de género, la asignación de presupuesto para aumentar el número de defensores públicos o mejorar la conectividad de la rama judicial, hay que gestionarlos, pues no dependen de una ley para resolverlos y ni siquiera merecen discusión.

119. Reformitis

Un nuevo intento de reforma a la Justicia se viene anunciando y, como muchos otros pasados, arranca “regulimbis” porque no hay consenso sobre lo que se debe resolver. Un experimento sencillo lo demuestra. Pregunte usted qué se requiere y las respuestas serán de muchos colores y sabores, según el encuestado: el ciudadano común reclama el endurecimiento de las penas y cárcel para los delincuentes, mientras que los académicos hablan de la justicia restaurativa; algunos abogan por cambios en la estructura del Estado y en los tribunales de cierre; otros piden suprimir al ministerio público, mientras que muchos reclaman un mejor servicio de defensoría pública… que el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación… que la reforma al Consejo Superior de la Judicatura… que la autonomía presupuestal… También están los que entienden la reforma a la justicia como la modificación puntual de normas procesales, como suprimir la admisión de la demanda o las condiciones de alguna prueba o reducir la posibilidad de interponer recursos, mientras se intercalan palabras de moda, como TICs, expediente digital, IA, como si la simple mención los hiciera eruditos en estos temas. Pero si estos son los temas de una reforma, puede afirmarse que cada dos años se produce una. Repasemos: en el 2022 se aprobó la Ley 2213 sobre TICs y hubo una reforma al Código de Procedimiento Penal (Ley 2205) y una al Código Penal (Ley 2197); en 2021, hubo dos reformas al Código de Infancia y Adolescencia (Leyes 2126 y 2089), una al contencioso administrativo (Ley 2080) … el rosario es largo y, aun cuando parezca inaudito, hay una reforma a la justicia que ya fue aprobada y revisada por la Corte Constitucional, pero aún no ha sido sancionada. El debate, como puede verse, es amplio, tanto así que el ministro de justicia ya definió una “matriz de reformas”. También Vargas Lleras, miembro de la comisión de expertos conformada por el gobierno, tiene sus propuestas, algunas que no parecen tener relación con la materia, como la eliminación de las contralorías departamentales y municipales, así como otras que requieren una reforma constitucional, como suprimir la Procuraduría General. Confirmando lo dicho inicialmente sobre la diversidad de los temas que pueden caber en una reforma a la Justicia, Vargas también propone la reforma del régimen penitenciario y “de paso” las consultas previas en los proyectos de inversión, asunto completamente ajeno a la materia. Algunas otras propuestas del exministro, como la definición de un término para interponer la acción de tutela es un asunto, por decirlo así, confuso, pues bien se sabe que una característica de esta acción es su inmediatez; también la obligación de tramitar las tutelas contra autos y sentencias en la misma jurisdicción estaría superada desde la expedición del Decreto 333 de 2021. En fin, lo que parece claro es que la reforma a la justicia no es un debate sobre un proyecto de ley sino sobre algo mucho más profundo, para lo cual seguramente se requieren cambios en la Constitución Política. No está de más recordar que hace catorce años se conformó una comisión de juristas con el mismo objetivo, hoy en día sus resultados NO están a la vista.