118. Demanda Judicial - Latinoamérica

La demanda judicial de cada país, es un indicador más objetivo para calcular el número de servidores judiciales requeridos, en lugar del utilizado generalmente de jueces por cada 100.000 habitantes, advirtiendo que no existe una base uniforme para la presentación de las cifras, por lo que algunas veces pueden existir criterios distintos para la elaboración de los respectivos informes, incluso se presentan diferencias entre distintas entidades de un mismo país, en documentos elaborados por la misma entidad y hasta en un mismo documento. a. Colombia La demanda judicial en 2021 llegó a 2.545.317 procesos. Para 2020, la rama judicial contaba con el apoyo de 5.560 son jueces o magistrados, lo cual representa una tasa de 11,1 jueces por cada 100.00 habitantes y una carga equivalente a 457,8 procesos por juzgado o, de otra forma, 2,2 jueces por cada 1.000 procesos. Así mismo, se terminaron 2.086.199, con una tasa de rendimiento del 82%. Esto significa que un juez evacúa 375,2 procesos al año y, por lo tanto, si quedaron por evacuar 459.118 procesos, serían necesarios 1.223,6 jueces adicionales. b. Ecuador En 2019, Ecuador tenía 12,2 jueces por cada 100.000 habitantes, para un total de 2.083 jueces. (1) En 2021, los ingresos ascendieron a 747.672 causas y se resolvieron 573.768, con una tasa de rendimiento de 76,7%, de manera que un juez ecuatoriano recibe aproximadamente 358,9 procesos cada año, lo que significa que su carga laboral 21,6% inferior a la de un juez colombiano, y termina 275,5 procesos en el mismo periodo. (2) Por lo anterior, se requieren 631,3 jueces adicionales para finalizar los 173.904 procesos que quedaron en el inventario. Se insiste en que, si bien los datos corresponden a años distintos, puede hacerse un cálculo comparable, pues, como ya se explicó, los cambios en el número de jueces no son significativos a lo largo del tiempo. c. Perú Según la Gerencia del Poder Judicial, (3) en 2021 había 3.431 jueces, con una tasa de 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes y una demanda total de 1.771.426 procesos, que equivale a 516,3 procesos por juez, un 12,8% por encima de la que tendría un juez colombiano, mientras que se resolvieron 1.630.273 procesos, lo que representa un rendimiento del 92%, es decir, aproximadamente 475,2 procesos por juez y un inventario de 141.153 procesos, por lo cual se requieren 297,1 jueces adicionales. Se observa que la efectividad del rendimiento permite que sea uno de los países que menos jueces requiere, con un nivel de litigiosidad promedio. d. Bolivia En Bolivia, por su parte, ingresaron 350.014 causas, (4) para un total de 1.161 jueces, (5) por lo que a cada juez le corresponden 301,5 causas, lo que significa que la carga laboral de un juez boliviano es un 34,1% inferior a la de un juez colombiano, y finalizaron 333.118 causas, con un rendimiento del 95,2%, equivalente a 307,9 procesos por juez, (6) por lo que este país tiene el menor faltante de jueces, pues solo necesita 58,9 jueces adicionales. e. Paraguay Se calcula que en este país hay 989 jueces o ministros,(7) que equivalen a 13,9 jueces por cada 100.000 habitantes y a una carga por despacho judicial de 307,2 procesos. En 2021 ingresaron 117.047 procesos ante los jueces de paz, (8) 155.749 procesos en primera instancia, (9) 24.824 procesos en segunda instancia y 6.180 procesos en los órganos de cierre, (10) para un total de 303.800 procesos, al tiempo que se produjeron 219.935 decisiones definitivas para una tasa de rendimiento de 72,4%, que equivale a 222,4 procesos finalizados por juez, quedando pendientes de terminar 83.865 asuntos, para lo cual se requieren 377,1 jueces adicionales. Según estas cifras, la carga laboral de un juez colombiano es mayor un 49%. f. Chile Chile tiene 1.672 jueces y ministros, con una tasa de cobertura de 8,6 jueces por cada 100.000 habitantes. (11) La demanda judicial en 2020 llegó a 3.624.695 causas,(12) mientras que en 2019 fue de 4.421.354 procesos,(13) lo que significa que hubo una disminución en los ingresos del 18%, lo que representa una carga de 2.167,9 procesos por juez en el último año, cifra excepcionalmente alta en el mundo, a pesar de la pandemia. Es posible que la diferencia se deba a que en el sistema judicial chileno se tramitan muchas causas que en otros ordenamientos no son de conocimiento de los jueces. Por ejemplo, las cifras incluyen actos de protocolización y gestiones preparatorias, que suman 210.956 causas, como el reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, la notificación judicial de protesto de letra, pagaré o cheque, la notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor, la confrontación de títulos y cupones, confesión judicial o confesión de deuda, los avalúos, asuntos que no son procesos judiciales propiamente dichos. Es posible que la diferencia se deba a que en el sistema judicial chileno se tramitan muchas causas que en otros ordenamientos no son de conocimiento de los jueces. Por ejemplo, las cifras incluyen actos de protocolización y gestiones preparatorias, que suman 210.956 causas, como el reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, la notificación judicial de protesto de letra, pagaré o cheque, la notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor, la confrontación de títulos y cupones, confesión judicial o confesión de deuda, los avalúos, asuntos que no son procesos judiciales propiamente dichos. También existen otras causas que hacen parte de los ingresos reportados cuya importancia no necesariamente reviste el carácter de un proceso judicial, como algunas controversias laborales y las denominadas “faltas” en materia penal, las cuales comprenden conductas que no tienen pena de prisión y solo se sancionan con multa, por lo que en muchos casos pueden considerarse simples infracciones de policía , como provocar desorden en espectáculo público, ensuciar playas, riberas de ríos lagos y otras áreas de conservación de la biodiversidad, la conducción de carruajes o caballerías con peligro de las personas en poblado, la entrega de medicamentos sin receta, el ejercicio descuidado y culpable de la profesión de médico, cirujano, farmacéutico o dentista o cuando alguno de ellos no presta sus servicios estando en turno o no acude como perito o testigo si es requerido por autoridad judicial, quien quebrante los reglamentos o disposiciones de la autoridad sobre conservación y trasporte de materias inflamables o corrosivas, el dueño de animales feroces que en lugar accesible al público los deje sueltos, el subordinado del orden civil que falte al respeto y sumisión debidos a sus jefes o superiores, entre otras. (15) Infortunadamente, esta información no está discriminada, salvo las gestiones preparatorias en civil, que al restarlas dan un resultado de 3.413.739 procesos ingresados, mientras que, según el Ministerio Público, las faltas penales y los delitos de tránsito suman 94.218 procesos ingresados y 106.449 terminados, (16) lo que da como resultado un total de 3.319.521 ingresos y un promedio de 2.049 procesos por juez. Es de señalar que, según la Corporación de Administración del Poder Judicial, los ingresos totales en 2020 ascendieron a 3.165.779 causas, de las cuales 154.883 se tramitaron ante la Corte Suprema, 345.500 causas ante las Cortes de Apelaciones y 2.665.396 ante los Tribunales de Primera Instancia, para un ingreso de 1.893,4 procesos por juez, número que sigue siendo muy alto, superando en 4,1 veces la carga laboral de un juez colombiano. (17) g. Argentina El sistema federal implica la autonomía de cada provincia para la gestión de los asuntos judiciales, excepto en aquellos asuntos de competencia de la justicia federal, como son los delitos que atentan contra la seguridad de la Nación, la evasión fiscal y otras conductas que afectan las rentas nacionales, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, el lavado de activos, el contrabando, las controversias entre provincias y aquellos que involucran las relaciones internacionales. (18) En 2019 se recibieron 4.616.717 causas (19) y se terminaron 3.946.427, (20) con un rendimiento de 85,5% y el equivalente a 864,9 procesos por cada juez. Por lo anterior, el número de procesos sería de 1.011,8 procesos por juez, lo que significa que tienen una carga que supera en más del doble (2,2 veces) a la de sus pares colombianos. Gracias al alto rendimiento de los jueces argentinos, solo faltarían 775 jueces para evacuar las 670.290 causas que quedaron pendientes. h. México Como en Argentina, el sistema federal implica una clara división de la justicia en dos jurisdicciones. Una que conoce de los asuntos atribuidos a la justicia federal y otros que son competencia de los órganos judiciales de cada estado federado. De esta manera, la justicia federal está compuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, como órganos supremos. En este análisis se incluyen datos del Tribunal Electoral aun cuando en otros países, como Colombia, no se considera un órgano jurisdiccional porque la mayoría de sus decisiones tienen control jurisdiccional en otros países y, por lo tanto, hacen parte del movimiento de procesos. (21) En 2020, la justicia federal tenía 51.009 empleados, (22) de los cuales 11 eran ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 3.610 empleados adscritos; 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 1.494 empleados de apoyo; 7 Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, con 45.870 servidores, de los cuales, 1.443 eran magistrados o jueces, distribuidos en 714 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 95 magistrados de tribunales unitarios de circuito, 466 jueces de distrito, 168 jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio y 31.169 empleados como personal jurisdiccional de apoyo. En total hay 1.461 ministros, magistrados y jueces. (23) En cuanto a la demanda, la CSJN recibió 7.270 asuntos, un 54,7% menos que en 2019, cuando atendió 13.292 asuntos, y resolvió 5.033 asuntos. Al TEPJF ingresaron 14.525 asuntos y finalizó 14.556 asuntos. Así mismo, los ingresos de los órganos dependientes del CJF sumaron 689.269 asuntos, que se distribuyeron en 237.373 asuntos en Tribunales Colegiados del Circuito, 15.393 en los Tribunales Unitarios de Circuito, 413.309 en los Juzgados de Distrito y 23.194 en los Centros de Justicia Penal Federal, al tiempo que se concluyeron 659.319 asuntos entre todos los órganos mencionados. Por su parte, en la justicia estatal prestaban sus servicios 715 magistrados o consejeros, a los que les ingresaron 1.577.327 asuntos, un 30% menos que en 2019, cuando ingresaron 2.280.802 procesos, reducción que puede atribuirse a la pandemia, (24) teniendo en cuenta que desde 2014 había una tendencia de crecimiento y que, incluso, los ingresos de 2020 son inferiores a los que se registraron anualmente en una década. (25) A su vez, se terminaron 871.054 asuntos, con un índice de rendimiento del 55%, uno de los más bajos de la región. En total, México cuenta con 2.176 jueces, magistrados y ministros, es decir, 1,7 jueces por 100.000 habitantes, aun cuando según otras fuentes llega a 2,2 jueces por cada 100.000 habitantes. (26) Teniendo en cuenta que el ingreso total fue de 2.288.391 procesos, que equivalen a 1.051,7 procesos por juez, se calcula que por cada proceso que recibe un juez en Colombia, un juez mexicano debe atender 2,3 procesos. Conclusión Como puede verse, el número de jueces y la carga de trabajo es muy disímil en la región. El promedio de jueces por cada 100.000 habitantes en la región es de 9,1 jueces por cada 100.000 habitantes. Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de jueces de la región, siendo superada solo por Ecuador y Paraguay en la proporción con la población. Así mismo, los jueces colombianos tienen una carga superior a la de sus homólogos en Ecuador, Bolivia y Paraguay, similar a la de un juez en Perú, pero considerablemente inferior a la de los jueces de Chile, Argentina y México. Un dato que también puede extractarse de estas cifras es el índice de litigiosidad, calculado como la relación entre los ingresos recibidos y la población del país. (27) Esta información permite tener una idea del nivel de confianza en el sistema judicial, es decir, la proporción de personas que acuden a resolver sus conflictos ante los jueces, aun cuando no es concluyente porque una baja tasa de controversias judiciales puede deberse a factores como menor criminalidad, el aumento de casos tramitados ante los mecanismos alternativos de solución de conflictos o una mayor intervención de las autoridades administrativas en controversias que se consideran de policía administrativa, como algunas infracciones menores o, en el caso de Colombia, en el trámite de los asuntos de protección al consumidor o de derecho de la competencia y en el registro de propiedad industrial, así como a condiciones sociales económicas y culturales, como el cumplimento de los contratos (“la palabra empeñada”), el desarrollo económico y variables relacionadas como el entorno familiar, el nivel de educación, el ingreso per cápita y el desempleo. Por lo tanto, aun cuando los resultados siguen siendo similares, se observa que estos países se pueden agrupar de la siguiente manera: 1) Los mexicanos son los que menos demandan el servicio de justicia, seguidos de los bolivianos, lo que explicaría que tengan el menor índice de jueces por cada 100.000 habitantes. 2) En un segundo grupo están los ecuatorianos y los paraguayos, que tienen los índices de jueces por cada 100.000 habitantes más altos del grupo, posiblemente debido a que, con Bolivia, son los países con menor población. 3) Más próximos a la media están los colombianos y los peruanos, cuya población es mayor, lo cual se refleja en el número de jueces y la cantidad de procesos por habitante. 4) Finalmente, los países con mayor índice de litigiosidad son Chile y Argentina, lo que apoya la idea de que existe una mayor confianza en la institucionalidad para resolver los conflictos, a pesar de que el número de jueces por cada 100.000 habitantes es bajo para la carga laboral que tienen. Notas: 1. Consejo de la Judicatura. Plan Estratégico de la Función Judicial 2019 – 2025 (p. 175), en: https://funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/PlanEstrategicoFJ2019-2025.pdf 2. Consejo de la Judicatura. Rendición de cuentas 2021, en: https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Libro%20RC%202022.pdf 3. Gerencia General del Poder Judicial del Perú. Población Proyectada por Distrito Judicial 2021-2024, en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0b1a230046814a1abfafbf76dd7c9e83/POBLACIN+2021-2024OKF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0b1a230046814a1abfafbf76dd7c9e83 4. Tribunal Supremo de Bolivia. Rendición Pública de Cuentas Final 2021, en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2022/03/RPC-final-2021-web.pdf 5. Consejo de la Magistratura. Política Institucional de Igualdad de Género del Órgano Judicial (PllG) 2021- 2025 (p. 42), en: https://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/perspectiva-de-genero/politica-de-genero/finish/27-genero/7863-politica-institucional-de-igualdad-de-genero-del-organo-judicial. Para el cálculo del indicador, la información sobre población se obtiene del Banco Mundial, en: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL 6. Tribunal Supremo de Bolivia. Rendición Pública de Cuentas Final 2021, en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2022/03/RPC-final-2021-web.pdf 7. Corte Suprema de Justicia. Gestión Judicial, en: https://www.csj.gov.py/publicaciones/componentes/administracion/lstPublicaciones.aspx?C=786&P=0 8. Corte Suprema de Justicia, en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID3-410_gestion_jurisd_j_paz.pdf 9. Corte Suprema de Justicia, en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-608_gestion_jurisd_1_instancia.pdf 10. Corte Suprema de Justicia, en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID2-30_gestion_jurisd_3_y_2_instancia.pdf 11. El número de jueces no está consignado en el Informe Anual de Estadísticas Judiciales 2020, elaborado por el INE, por lo que se obtiene de la Memoria Institucional del Poder Judicial, en: https://www.pjud.cl/corporacion/memorias-anuales (p. 115). 12. Instituto Nacional de Estadísticas. Informe Anual de Estadísticas Judiciales 2020, en: https://www.ine.cl/docs/default-source/justicia/publicaciones-y-anuarios/difusi%C3%B3n/informe-anual-estad%C3%ADsticas-judiciales-2020 13. Instituto Nacional de Estadísticas. Informe Anual de Estadísticas Judiciales 2019, en: https://www.ine.cl/docs/default-source/justicia/publicaciones-y-anuarios/difusi%C3%B3n/informe-anual-estad%C3%ADsticas-judiciales-2019.pdf?sfvrsn=25a4f678_2 14. Código Penal, artículo 494 y siguientes. 15. En Chile se ha propuesto una reforma para eliminar estas conductas del Código Penal, por considerarlas “delitos menores o de bagatela”. CELEDON Baeza, Andrés Eduardo. Las faltas y su tratamiento procesal. Consideraciones en torno a una reforma. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XXVI, 2005, p. 351-362.terminaron 75.649 16. Fiscalía – Ministerio Público de Chile. Boletín Estadístico Anual 2021, en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do 17. Corporación de Administración del Poder Judicial. Memorial Institucional 2020, en: https://www.pjud.cl/docs/download/21221 18. Portal oficial del Estado argentino, en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/argentina#:~:text=La%20organizaci%C3%B3n%20judicial%20responde%20al%20car%C3%A1cter%20federal%20del,renta%20y%20a%20la%20seguridad%20de%20la%20Naci%C3%B3n. 19. Junta Federal de Corte y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en: https://public.tableau.com/app/profile/luis3738/viz/Causasingresadas/Historia1?publish=yes 20. Junta Federal de Corte y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en: https://public.tableau.com/app/profile/luis3738/viz/Actividadjurisdiccional-CausasResueltas/Historia1?publish=yes 21. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2021/doc/cnijf_2021_resultados.pdf 22. Según el Informe, son 50.999 empleados, pero la suma de los datos por órganos da como resultado 51.009 empleados. 23. Es así como, algunos asuntos de competencia del Tribunal Electoral mexicano son de competencia del Consejo Nacional Electoral, pero mientras que las decisiones del primero tienen carácter judicial, en Colombia son actos administrativos, objeto de control por la jurisdicción contencioso administrativa. 24. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021, en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2021/doc/cnije_2021_resultados.pdf 25. InSight Crime, página web: https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/malas-calificaciones-latinoamerica-nuevo-indice-global-impunidad/ 26. Universidad de las Américas Puebla. Índice Global de Impunidad 2020, en: https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf 27. La información sobre población se obtiene del Banco Mundial, en: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL