87. La Reforma a la Justicia

La discusión sobre la reforma a la justicia es un debate para las barras. Todos coinciden en la necesidad de reformar la justicia para responder a la percepción negativa que tienen muchas personas sobre ella, todos opinan y caen en lugares comunes o propuestas desarticuladas con la estructura del Estado y de la Rama Judicial, con los distintos sistemas legales.Para comenzar, no hay un acuerdo sobre el objeto de la reforma. Algunos hablan de la corrupción de las Cortes, de su conformación y del balance de los poderes. Otros, de la necesidad de acercar la justicia al ciudadano para que sea pronta y eficaz. También están los que se refieren a la gerencia de la Rama Judicial. No faltan los que proponen una reforma a los códigos. En fin, no hay una definición clara sobre el propósito de la anhelada reforma, pero todos quieren mostrarse como abanderados del cambio y aun cuando algunos de estos temas requieren ser revisados, es necesario aterrizar la discusión. Para atacar la corrupción en las Cortes y el balance de los poderes se aprobó el Acto Legislativo No.2 de 2015, cuyos beneficios no se han probado, entre otras razones porque después de cinco años el Congreso no ha tenido tiempo de expedir las leyes para su implementación, teniendo que intervenir el propio poder judicial para ordenar, mediante un golpe de mano, la conformación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y así evitar que la desidia del legislativo se tomara como un acto de corrupción de la propia judicatura, pero sigue pendiente la conformación de la comisión de aforados. Sobre la necesidad de “acercar la justicia al ciudadano”, hay que recordar que se han hecho varias reformas a las leyes de procedimiento, en materia penal, civil y contencioso administrativa. Incluso, la pandemia dio lugar al Decreto 806 de 2020, una reforma procesal que hizo un gran aporte a la incorporación de las TI a la justicia y actualmente se tramita otra reforma a la jurisdicción contencioso administrativa. También la jurisprudencia contribuye a que las normas se interpreten de una manera práctica, permitiéndole a las personas ejercer sus derechos sin mayores formalismos, de manera que este es un aspecto de permanente revisión y actualización. Pero los problemas sobre el funcionamiento de la justicia no se agotan ahí. Son muchos otros los aspectos que se tienen que analizar. En materia penal hay que revisar el enfoque en la política de tratamiento del delito y el delincuente, la cual no parece acertada por el malestar de la gente. Es así como se critican los beneficios que se otorgan a los delincuentes, correlacionados con la falta de cárceles, responsabilidad que es compartida con los entes territoriales y los planes de resocialización. También esta el problema de las investigaciones, tal vez el asunto más complejo para resolver y que requiere de un estudio profundo sobre la capacidad de respuesta de los fiscales e investigadores, los recursos asignados, incluyendo a otras entidades que participan, como Medicina Legal. En este punto, cualquier proyecto de reforma tiende a hundirse por los intereses ocultos, por falta de presupuesto, por ideologías y teorías (sobre este tema: dussan.blogspot.com, 81. El “abc”). Por supuesto, también hay que pensar en reformas en materia civil o laboral, pero también allí existen muchos intereses que conjugar. Un ejemplo, la conformación de los centros de servicios a los cuales se oponen los sindicatos. Por otra parte, también se habla de la reforma a la gerencia de la Rama Judicial. Se trata de un tema trillado, pero al que se acude posiblemente con el interés de pescar en rio revuelto, de capturar al regulador buscando penetrar la organización. Vale decir que se ignoran los resultados obtenidos y se mezclan con otros problemas que no pueden ser atribuidos a los administradores de la Rama, como la corrupción o los choques entre las Cortes. Al respecto, debe reconocerse que la justicia en Colombia mejoró sustancialmente en los últimos 30 años. Desde 1993, la demanda de justicia pasó de 748.063 a 2.831.240 demandas por año. Más significativo aún es que, en ese año, los jueces terminaban 3 procesos por semana, actualmente finalizan 9 procesos. Es cierto que el 27% de los ingresos son acciones de tutela, cuyo trámite es expedito y casi nunca complejo. Aun así, excluyendo estos procesos, el incremento en los egresos supera el 150%. ¿Cómo se logró este cambio? Un factor determinante es el número de servidores judiciales en propiedad, que equivale al 59% de las personas que trabajan en la Rama Judicial. Para ingresar, deben pasar un exigente examen, que supera menos del 10% de los aspirantes. Vale la pena agregar que muchos de los cargos de nivel técnico o asistencial, son ocupados por profesionales recién egresados. También hay que tener en cuenta la calidad de las decisiones. El problema de este indicador es que depende mucho de la percepción y, simplificando un poco, casi siempre quien pierde un proceso culpa al juez, pero si se mide por la cantidad de decisiones confirmadas en segunda instancia, puede concluirse que tienen un buen nivel de confiabilidad, lo cual se relaciona con la selección de los jueces. Por lo tanto, es justo reconocer que estos resultados se deben a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura, que cumplió con los procesos de incorporación, aunado a los avances en infraestructura, equipos y capacitación del talento humano, como lo reflejan los informes de los entes de control, cuya principal crítica es el nivel de ejecución presupuestal, muchas veces causado por la colocación tardía de recursos por parte del Ejecutivo, siendo muy extraño que se formulen acusaciones en otras instancias por los manejos administrativos del nivel central o de las regiones. P.D. Precisamente esta semana se cayó el proceso de selección de jueces y magistrados que se venía adelantando, debido a errores cometidos por la Universidad Nacional en la realización de las pruebas, a quien se escogió por su experiencia. Puede decirse que hasta al mejor panadero se le quema el pan en la puerta del horno, aun cuando ya muchos responsabilizan al Consejo Superior de lo ocurrido.