60. Gobierno y ley

Cursan en el Congreso de la República un considerable número de proyectos de ley relacionados con el sector de las TIC, algunos de los cuales pueden ser consultados en mi página web (http://www.dussan.net/). Puedo anticipar que la mayoría de estas iniciativas no tendrán un final feliz. Algunas por falta de tiempo, otras por un equivocado manejo del tema. Aún así, me ocuparé de comentarlos por solicitud de TOPCOMM. El más importante es el Proyecto de Ley 112 de 2007–Cámara, mediante el cual se crea la Agencia Nacional del Espectro, el cual es de origen gubernamental y cuyo trasegar se podía esperar pacífico, a pesar de algunas críticas sobre la necesidad de esta entidad. Sin embargo, las modificaciones introducidas en la ponencia para primer debate, que constituyen una mini-ley de TIC, son verdaderas “cargas de profundidad” que hundirán el proyecto, a menos que la Ministra de Comunicaciones solicite que se filtre el tema y solamente se discuta la propuesta inicial. Sobre el contenido de la ponencia puede decirse que carece de prospectiva, siendo ligera la forma como se abordan los principales retos, a pesar de que los mismos han sido diagnosticados desde hace mucho tiempo, y es deficiente en aspectos constitucionales y fundamentos técnicos. Otro de los proyectos que se tramita es el No. 147/06-Senado, que obliga a adoptar la portabilidad numérica. Sorprende desde el comienzo su título, pues su objeto es modificar un decreto reglamentario. Haciendo caso omiso de este error y a pesar de su simplicidad, se trata de una disposición de enorme trascendencia para el desarrollo del sector, por lo que es curioso que ni las entidades del gobierno, ni muchos de los operadores que reiteradamente se quejan del tratamiento asimétrico de la regulación, hayan prestado mayor atención a este tema. Vale decir que sobre el particular, el Ministerio de Comunicaciones publicó un concepto que deja un sinsabor porque concluye con un “sí pero no”. También es importante el Proyecto de Ley No. 21/07-Cámara sobre “software libre”, cuya ponencia tuve la responsabilidad de dirigir y sobre el cual no sería objetivo al comentarlo. En realidad se trata de un “cover” de las normas sobre COINFO y me quedan algunas dudas sobre la constitucionalidad de las funciones asignadas al vicepresidente, pero puedo decir que se evitó que tomara carrera una opción populista y contraria a los tratados internacionales sobre comercio suscritos por Colombia y, a cambio, se reforzó el principio de neutralidad tecnológica, importante para el desarrollo de la industria de software en nuestro país. Así mismo, se tramita el proyecto del Defensor del Usuario de los servicios públicos domiciliarios, que también se aplica a los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones. Es una idea sobre la cual he realizado otros trabajos y que resulta conveniente de cara a los usuarios, principalmente, porque disciplina las áreas comerciales de las empresas para exigirles una mejor gestión frente a sus clientes. Como en el caso anterior, estoy impedido para hacer cualquier comentario al respecto, pero es bueno repasar la columna de José Fernando Castro Caycedo, Representante a la Cámara por Bogotá, publicada en el anterior magazín y que también puede leerse en mi blog (www.dussan.blogspot.com). Finalmente, aún cuando en materia de telecomunicaciones los cambios no son tantos, la reforma a la ley de servicios públicos es un proyecto especialmente inspirado en mejorar los mecanismos de protección de los usuarios y los instrumentos de control y vigilancia.