46. No

Hace pocos días AT&T anunció su intención de comprar a BellSouth, con lo cual las fuerzas americanas de la industria de las telecomunicaciones se agrupan alrededor de un coloso cuyo poder solo puede ser emulado en los Estados Unidos por Verizon. Como muchos recuerdan, la historia de estas compañías se inicia con la escisión de AT&T en 1984 en una “ma-bell” y siete “baby-bells”, las cuales fueron reducidas a cuatro en solo una década, para llegar ahora a un duopolio. Sin lugar a dudas, este giro produce serios interrogantes sobre el proceso regulatorio en los Estados Unidos. Las primeras preguntas que podría hacerse es si la decisión del juez Greene favoreció a los consumidores y a la industria americana. En realidad no es claro que la decisión judicial haya favorecido la competencia. Por el contrario, el juez rechazó las peticiones de las “babies”de permitirles incursionar en zonas geográficas distintas a las asignadas o en servicios móviles[1] y simplemente conformó siete monopolios locales. También es posible que la escisión de la empresa haya retardado su crecimiento tecnológico, favoreciendo a los fabricantes europeos y asiáticos. Sin embargo, la escisión produjo un remezón en AT&T, que tuvo que competir con otros operadores como MCI y Sprint, quebró la posición de dominio de la compañía sobre la industria, estimulando a otros fabricantes y a las baby-bells a invertir en I+D, y mejoró la oferta comercial de los servicios. Pero el efecto más importante que pudo tener la escisión, aunque no sea comprobable, es que creó el ambiente apropiado para el desarrollo de internet.

Coincidencialmente, con la venta de TELECOM se presentó la posibilidad de una integración similar en nuestro país. Es cierto que la industria tiende hacia la integración empresarial como ocurre en EE.UU., en el caso citado, y en Europa, por ejemplo, con las recientes adquisiciones de TELEFÓNICA en Alemania y el Reino Unido. Ese proceso también se produjo en América Latina con las privatizaciones y se sigue produciendo con las recientes adquisiciones que hizo TELMEX. Guardadas las proporciones también lo vemos en Colombia, v. gr: EPM. Sin embargo, que el fenómeno sea cierto no significa que todos los operadores deban perseguir ese objetivo a toda costa.

Aún cuando muchos consideran que la fusión de los operadores públicos protege los intereses nacionales, en realidad no es así. Afortunadamente EPM y ETB declinaron su intención de adquirir a TELECOM y dicho sea de paso, muchas de sus razones coinciden con los planteamientos que hice en una columna hace seis meses (39.Negocios en www.dussan.blogspot.com). Ahora quiero reiterar algunas y señalar otras, que siendo ajenas a los intereses empresariales involucrados, puede que no hayan sido expresadas por ninguna de las partes que intervienen en ese negocio, pero que vale la pena ser revisadas.

1) Usuarios. Para los usuarios hubiera significado el monopolio de la telefonía fija. En Estados Unidos, los primeros que rechazaron la posible fusión de AT&T y BellSouth fueron los consumidores. Infortunadamente, por la falta de esta cultura en nuestro medio, si se hubiera dado alguna expresión de quienes afirman representarnos como consumidores probablemente sería en el sentido de rechazar la entrega del “patrimonio nacional a los intereses extranjeros”, como se alcanzó a escuchar en la anterior negociación. Ahora, con la salida de las empresas públicas, la competencia que se puede producir entre los grupos que se consoliden será benéfica para todos.

2) Protección de los recursos públicos. El negocio no creaba valor en ninguna de las dos empresas locales. Por el contrario, la suma de la licencia de larga distancia, que podía ser un activo para otro inversionista, era un pasivo para estos operadores. El negocio de telefonía local y de banda ancha en las zonas que atiende TELECOM no es tan promisorio como en las zonas que ya atienden ambas empresas.

3) Alianza estratégica. Se produce un impulso eficaz para conformar una promisoria alianza entre ETB y EPM, que se consolidará alrededor de OLA, la cual se espera ver remozada con la inyección del capital fresco que los socios esperan conseguir. Esta alianza supone un mejor aprovechamiento de la infraestructura combinada de todas las empresas asociadas.

4) Concentración de recursos. ETB y EPM pueden concentrarse en atender el mercado de banda ancha en sus respectivas zonas. La amenaza de los operadores de cable y valor agregado, principalmente en Bogotá, es seria y si en Medellín por ahora no es igual de preocupante, también se verá asediada más adelante. Tampoco deben descuidarse los intereses de esa empresa en Manizales, Pereira y otras ciudades importantes donde ya tiene presencia.

5) Creación de valor. TELECOM tendrá un socio estratégico privado, posiblemente internacional, que mejorará su posición comercial en todos los mercados que sirve (telefonía internacional, portador, datos, corporativo, étc).

6) Ahorro público e inversión privada. Se evita colocar más recursos públicos en negocios de alto riesgo, al tiempo que los inversionistas privados inyectarán dinero fresco para expandir la infraestructura, mejorarla tecnológicamente en beneficio de los usuarios y atender los compromisos de la empresa con los trabajadores y otros acreedores.

7) Imagen internacional. Se garantiza la independencia técnica del regulador, pues sería ingenuo desconocer el poder político que tendría una empresa conformada por estos socios, aumentando la percepción de riesgo para los inversionistas privados.

Por lo tanto, aun cuando la decisión de EPM y ETB se aparta de la tendencia a la integración vertical que se está presentando en todo el mundo con los operadores de telecomunicaciones, en nuestro caso debe aplaudirse porque, anteponiendo las razones a las emociones, no cabe duda que la mejor estrategia para ambos operadores es defender sus bases (Medellín y Bogotá), aumentar su participación en las regiones y fortalecerse en el mercado móvil, lo cual requerirá de un enorme esfuerzo financiero.

Artículos relacionados: 39. Negocios (septiembre 2005); 37. Telmex (noviembre 2005); 20. TLC2 (junio 2004); 30. El misterio del capital (diciembre 2004); 27. TELECOM (septiembre 2004), los cuales pueden consultarse en http://www.dussan.blogspot.com/. Otros artículos e investigaciones del autor en www.dussan.net.

[1] Angel, Santiago y Aguirre, Iván. Derecho de la competencia en las telecomunicaciones. Pontificia Universidad Javeriana, 2003.

45. Factor X

He sido partidario del nuevo marco regulatorio que propuso la CRT desde que se presentó el proyecto. La segmentación del mercado para ofrecer paquetes personalizados de acuerdo con las necesidades de los usuarios, como ocurre en la telefonía móvil, debería traducirse en mayor bienestar para los usuarios, aún cuando falta diseñar más ofertas comerciales, reducir los precios de algunos servicios y estimular la fidelidad de los clientes con promociones y otros ganchos, pero en contra de lo que podía esperarse, la aplicación del nuevo sistema tarifario ha producido innumerables protestas entre los usuarios y pueden esperarse más cuando concluya la entrega de la facturación de enero. Sin embargo, los problemas que se están conociendo no se deben al concepto propuesto sino a la aplicación del mismo.

Es inconcebible que un marco regulatorio de libertad se haya prestado para abusar de los usuarios, en contra de la lógica comercial que está fuertemente signada por la sustitución de la telefonía móvil y la competencia. Debe recordarse que conforme al sistema tarifario anterior los usuarios del servicio podían esperar un aumento aproximado al tres por ciento de la tarifa (x-2) para este año. En cambio, desde el papel los planes ofrecidos proyectan aumentos superiores al diez por ciento, algo que de bulto contradice el marco legal vigente y, en la práctica, mayores porque se podía producir un incremento indirecto causado por los consumos superiores a los que el plan contempla, cuyo minuto adicional se liquida a un costo superior.

Tampoco puede desconocerse que el factor de conversión utilizado por la CRT para pasar de impulsos a minutos pudo contribuir en forma significativa a crear este problema. Grave error que podría tener consecuencias igualmente graves para el regulador, quien hasta ahora ha asumido una posición fiscalizadora ante las empresas cuando debería de empezar por revisar sus propios estudios, pues si se ha equivocado serán las mismas empresas las que le terminarán trasladándole la culpa de lo ocurrido.

Es conveniente recordar otros ejemplos que demuestran que es mejor poner la cara y anticiparse a los problemas que dejarlos crecer, como ocurrió en el conocido caso de Johnson & Johnson con Tylenol. En las condiciones actuales el operador establecido debe comprender que su mercado es altamente disputable y que puede tener restricciones comerciales frente a la competencia, por lo que debe enfocarse en la fidelidad del cliente, uno de cuyos principales motivantes es el precio.

Evidentemente se ha creado un factor de inconformidad en los usuarios que sienten que las tarifas de la telefonía fija aumentan mientras que los servicios sustitutos como la telefonía móvil baja de valor, lo que conlleva a la devolución de líneas fijas; situación que va a ser aprovechada por las empresas móviles con los planes para grupos. También debe considerarse que, además de la cantidad enorme de reclamaciones e investigaciones que se avecina, el desgaste de imagen facilita la entrada de nuevos operadores que ofrecen el paquete completo de servicios (voz, televisión e internet) a precios muy competitivos.

Por lo tanto, sería bueno que las empresas revisaran por iniciativa propia la facturación, estableciendo el mejor valor para el usuario entre el plan asignado y el plan óptimo de acuerdo con el último consumo. No puede olvidarse que fue la empresa la que asignó los planes en la mayoría de los casos y, por lo tanto, el error no debe ser imputable al usuario. De no proceder así, la superintendencia debe revisar bajo esa misma consideración las reclamaciones de los usuarios, pues desde el punto de vista del consumidor, es la empresa la que tiene la posición dominante por su conocimiento profesional de la actividad que desarrolla y la información que tiene sobre los consumos.

De paso, también sería bueno que la CRT revise los planes tarifarios de algunos operadores que se encuentran en régimen de libertad, pues he escuchado que se presentan abusos en algunas ciudades distintas a Bogotá.

Artículos relacionados (tarifas y tarifas2) y otros artículos pueden consultarse en www.dussan.blogspot.com