56. Mentiras verdaderas

Recientemente vino a Colombia el señor Peter K. Pitsch, experto en regulación a nivel mundial, quien manifestó como los responsables de las políticas nacionales en cada país deben tener claro que la concesión del espectro debe hacerse aprovechando al máximo el valor de este “recurso nacional limitado” (vale la pena subrayar “nacional”, es decir, de todos, y “limitado”, es decir, con restricciones para su acceso). Un mes antes de la visita del Sr. Pitsch, escribí que muchos en Colombia sostienen como un verdadero dogma que la asignación del espectro no debe tener un afán fiscalista por parte del Estado. A pesar de la posición del señor Pitsch y de las adjudicaciones de espectro en otros países como los EE.UU., donde los recursos obtenidos de las subastas sirven para financiar varios frentes, principalmente, la educación, muchos seguirán sosteniendo que no es conveniente acudir a estos procedimientos porque encarecen el costo del servicio, argumento equivocado porque el valor de este bien, a diferencia de hace trece años, ya está definido por el mercado.

Infortunadamente, quienes hacen eco de esta tesis parece que no son concientes de los intereses detrás de esta teoría y no tienen una percepción correcta de la realidad, más marcadas en los países pobres. Esa diferencia de percepción condujo a los errores que oportunamente se diagnosticaron sobre la licitación de wi-max, sin que se hiciera algo al respecto. Para entonces afirmé que era necesario “revisar la solución facilista de adjudicar el espectro a las ofertas promedio, criterio de adjudicación evidentemente equivocado para evaluaciones técnicas o para planes de negocios” (49. mad max en http://www.dussan.blogspot.com/). Los resultados están a la vista, tal como los expuso Topcomm en un editorial reciente (Magazín No. 44).

El problema es mucho mayor si tenemos en cuenta que los proponentes favorecidos con la primera evaluación serían las empresas operadoras de televisión cerrada, de manera que el espectro de banda ancha quedó en manos de los propietarios del cable y en los operadores de telefonía de larga distancia, que son las mismas empresas que ofrecen aDSL, lo cual reduce las posibilidades de competencia.

La conclusión es que el Estado no tuvo una política clara para la asignación del espectro, no interrelacionó las posibilidades de cada operador y los mercados para maximizar el beneficio social con las adjudicaciones, ni promovió lo suficiente en el exterior este negocio, apresurándose en montar un proceso de selección que terminó con mediocres resultados.
Es importante tener en cuenta que los proyectos de telecomunicaciones sociales se financian con estos recursos (inicialmente fueron suficientes los rendimientos financieros que se obtuvieron de la subasta de telefonía móvil), y que el país tiene otras necesidades de inversión, no solamente en TIC, por lo que sostener una política de asignación gratuita es contraria a los intereses nacionales.

Artículos relacionados en el blog (www.dussan.blogspot.com): 49. Mad Max y 47. Impuestos.