55. cal y arena

El borrador del proyecto de decreto presentando por el Ministerio de Comunicaciones para una breve discusión, a pesar de la importancia del tema, anticipa su expedición. Lamentablemente, es un documento deficiente gramaticalmente, farragoso en su concepción y con muy escaso sustento legal.

Aún cuando pretende definir reglas para la convergencia, en realidad se ocupa en su mayor parte de la comercialización de servicios y es en este tema donde más se siente la ausencia de los fundamentos jurídicos, los cuales no pueden suplirse con peticiones de principio como: “la comercialización es un elemento de la esencia e indispensable para la prestación, explotación y provisión al público de los servicios públicos de telecomunicaciones”; o expresiones axiomáticas como: “un instrumento de política para promover la competencia y mejorar la calidad de los servicios”.

También resultan equivocadas normas como el artículo 9, sobre la libertad de expresión y contenido, que solo contribuyen a resolver la cuadratura del círculo. Aclarar a estas alturas que “Los contenidos y aplicaciones así como las actividades económicas en sectores distintos al de telecomunicaciones que se suministren a partir del uso de los servicios de telecomunicaciones, no son parte de estos servicios ni requieren concesión del Estado para su prestación y explotación”, es un “descubrimiento tardío” y, en cambio, deja dudas sobre la situación de los contenidos, aplicaciones y actividades económicas que sean del sector de las telecomunicaciones, pues bajo esos parámetros ¿hasta dónde llega este sector?

Tampoco la concepción del “título habilitante integrado”, aporta gran cosa al régimen de operación de los servicios. Finalmente, el problema es la clasificación técnica de los servicios que trae el estatuto de telecomunicaciones vigente.