53. Culpable

En nuestro medio no es difícil escuchar opiniones mediáticas en presentaciones públicas que sin ningún rubor y a pesar de que para la mayoría son una muestra de desatino, pretenden cazar adeptos entre los incautos que probablemente desconocen algunos principios básicos del proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones. Es así como en el excelente foro que recientemente organizó la Cámara de Comercio de Bogotá con apoyo de El Tiempo y la Universidad Externado de Colombia, Arnaldo Meneses hizo una serie de acusaciones a las personas que dirigieron las políticas de telecomunicaciones del país en los últimos diez años. Incluso, aceptó parte del error porque, según él, un poco tarde la administración a la que perteneció expidió un decreto que reglamentó la prestación de servicios de radiomensajería; pero, la verdad, mal podría imputársele culpa alguna cuando el decreto fue expedido apenas un año después de su llegada. Vale decir que Arnaldo aclaró que el servicio tardó más de siete años en tener esa normativa, pero su esfuerzo no fue suficiente para salvarlo.

Sinceramente me preocupan las repercusiones internacionales que podría tener para nosotros esta demora porque otros países podrían culparnos del ocaso de los servicios de radiomensajería por nuestra negligencia. Quién sabe…también podemos ser responsables del final del télex, servicio que nunca reglamentamos, o del telégrafo... aunque podríamos intentar revivirlo con algunos decretos.

Merecen para mí el mayor respeto las palabras del representante de una asociación de usuarios cuyo sistema de afiliación y representación muy pocos conocen. Especialmente me preocupan las acusaciones sobre la política tarifaria que aplicamos cuando fui comisionado. Según Arnaldo, la demostración de nuestras equivocaciones consiste en que las empresas de telefonía fija tuvieron utilidades entre 1999 y 2000, cuando el país sufría una grave crisis económica.

Debo aceptar que eso es cierto. Con Diego Molano y Gustavo Peña aprobamos la regulación que permitió el rebalanceo tarifario de la telefonía fija en Colombia. Si esto contribuyó a que las empresas de telefonía fija no tuvieran pérdidas, me declaro culpable o, mejor, responsable. Pero debo agregar algunas cosas al respecto.

En primer lugar, probablemente Colombia sea el país de América Latina donde se haya hecho el proceso de rebalanceo más serio hasta el momento. Recuerdo que en el 2000 participé en una reunión en Cancún con Roberto Door, asesor de la Secretaría de Comunicaciones de Argentina y persona de basta experiencia en la industria, quién sostenía que no era posible aplicar el modelo de costos incrementales de largo plazo. Afirmación increíble viniendo del regulador de un país que había privatizado su empresa diez años antes, pero completamente válida en el contexto latinoamericano. Lo cierto es que nosotros teníamos un año de aplicar el modelo y mi posición levantó muchas suspicacias, por lo que para sacarme el clavo dije que prefería nuestro modelo al argentino, donde las tarifas de telefonía eran exageradamente altas. Un año después cayó el gobierno de De la Rúa y uno de los detonantes fue la difícil situación de las clases media y baja. Para resumir, las tarifas sí subieron en Colombia, en algunas regiones mucho más que en otras, pero era necesario hacer ese ajuste para que las empresas fueran sostenibles, pues ya no tenían acceso a las transferencias por los servicios de larga distancia que subsidiaban la telefonía fija. Aún así, nuestro país era y sigue siendo uno de los que tiene las tarifas más bajas del continente.

En segundo lugar, debe aclararse que cuando hicimos el rebalanceo tuvimos cuidado de no permitir aumentos en el cargo de conexión, con el fin de mantener una política de servicio universal, de manera que el mayor costo se reflejaba en el consumo, factor que los usuarios podían controlar más fácilmente.

En tercer lugar, al asegurar la viabilidad de las empresas garantizamos la modernización de la red telefónica, que actualmente es totalmente digital, abonando el terreno para la llegada de nuevos servicios para un mayor grupo de la población.

En cuarto lugar – y aún cuando no debía ser una consideración del regulador -, protegimos el patrimonio estatal, pues muchas de las empresas beneficiadas eran públicas, de manera que los municipios no tuvieron que recibir esa carga, especialmente en un momento en el que la mayoría se encontraban en una gravísima situación financiera, incluso, en ley 550. Vale decir que las empresas intervenidas lo fueron por otras razones.

En quinto lugar – y aún cuando tampoco debía ser una consideración del regulador -, las utilidades obtenidas en ese periodo por las empresas no solo permitieron las inversiones necesarias para modernizar las redes e impulsar el crecimiento de servicios como internet, sino que también le sirvieron a algunos municipios para desarrollar programas sociales, especialmente dirigidos a la educación de los niños más pobres, como ocurrió en Medellín y Bogotá.

Para no extenderme más, debo reconocer que estos resultados no fueron consecuencia exclusiva de la regulación. Siempre he sostenido que el principal factor fue una administración responsable de las empresas, que permitió salir con éxito de esa prueba. Aunque, como me dijo Sergio Regueros en una reunión que tuvimos en la ETB, no fue él o su equipo el que cambió el rostro de la empresa, sino los trabajadores de la competencia abriendo canalizaciones en el mismísimo frente de la calle 20.