43. Se lo dije

El encendido debate con que comienza el año por la regulación de las tarifas móviles es otro de los temas que me sirve para evocar el fallido proyecto de ley que preparamos hace cuatro años. También lo recuerdo cuando escucho hablar de los problemas que aún persisten en la ecuación de la larga distancia, los inagotables debates sobre el régimen de interconexión, y, por supuesto, las quejas de las entidades de control sobre los problemas que tienen para atender las reclamaciones de los usuarios, con las repercusiones para las empresas, para mencionar solo algunos aspectos.

Aún cuando no había querido utilizar el antipático “se lo dije”, expresión arraigada en nuestro mapa genético, como lo comprobó Andrés López y espero sirva de excusa, debo insistir en la necesidad de establecer las bases para un plan estratégico de mediano plazo para el sector, que fueran recogidas en una ley, no por simples decretos, que corren el riesgo de convertirse en soluciones chapuceras, que no calculan el impacto que pueden tener en un sector estratégico como el de las TIC.

Recuerdo, por ejemplo, que una de las principales críticas, formulada en su momento por ANDESCO y después por el gobierno, se refería al artículo 26 del proyecto, que se titulaba “Optimización de recursos escasos y maximización de ingresos para el Estado”. Curiosamente, el sentido de la norma fue reproducido en el Decreto 4239 de 2004, pero fue mal realizado, consagrando la fórmula únicamente para los operadores de acceso troncalizado, omitiendo cualquier parámetro objetivo, de manera que la decisión, antes que una solución, contribuyó a aumentar los motivos de conflicto en el sector y generó críticas a la regulación, lo que hubiera podido evitarse ofreciendo una debida compensación a los afectados.

Compensación que también era posible en el caso de las licencias de larga distancia, mediante el uso de las facultades que contemplaba el régimen transitorio del proyecto y que hubieran podido ser usadas en la asignación del espectro de banda ancha a esos operadores. Nuevamente se actúo con base en poderes reglamentarios, con un resultado ampliamente criticados por los operadores móviles, el operador nacional de trunking, los operadores fijos y, como si faltara poco, los de valor agregado.

Igual ocurre con el tema de las quejas de los usuarios. No solamente resultan infructuosas las multas que se cobran a los operadores, sino que finalmente, las acciones de los entes de control no contribuyen a la solución eficaz de los problemas que causan las reclamaciones de los usuarios, como parecen demostrar los resultados del nivel de satisfacción del usuario publicados recientemente por la CRT.

Asimismo, la solución anunciada por el gobierno para la financiación del servicio universal, a través de los fondos de servicios públicos, también coincide con la fórmula del proyecto que buscaba la constitución de una bolsa común.

En relación con el debate surgido por la regulación de las tarifas fijo-móvil, basta agregar que el proyecto de ley consagraba el principio de la libertad tarifaria para todos los servicios, salvo que se pudiera demostrar la “obtención de ganancias monopolísticas injustificadas”. Una salvaguarda conveniente en un sector cuyo riesgo tecnológico exige que se minimice el riesgo regulatorio. Sin embargo, en este caso, no fue el gobierno el que ignoró los beneficios de la ley.

En conclusión, no se trata de un debate sobre los aciertos o desaciertos de las reglas fijadas. Como puede verse, en buena medida las criticadas medidas se orientan en la dirección del proyecto que tuve bajo mi responsabilidad. Pero lo que llama la atención y resulta irónico, es que el proyecto que hundió el gobierno le hubiera servido de claro fundamento a las decisiones que me he referido, al tiempo que creaba el espacio para que los intereses de todos los actores se articularan en un proceso de regulación por acuerdos, orientado hacia los objetivos que el mismo fijaba. Lamentablemente ese espacio no se generó y, en el caso de los móviles - pero es posible que en los demás también -, la situación ha llegado a un punto en el que parecen inminentes las acciones judiciales, las cuales, sin importar el resultado, no permitirán a ninguna de las partes declararse vencedora.