32. Tarifas

La CRT inició la discusión del nuevo modelo tarifario que tendrá vigencia por cinco años y cuya aplicación debe comenzar este año. La CRT la primera entidad que le da aplicación al Decreto 2696 de 2004, el cual ordena la realización de audiencias públicas con el fin de conocer principalmente las opiniones de los usuarios. Con ello, la CRT está nuevamente asumiendo el liderazgo que siempre ha tenido como entidad reguladora, no solo a nivel nacional sino también internacional. Hay que recordar que la CRT fue el primer regulador de Latinoamérica en publicar sus proyectos de resolución con los respectivos estudios en la web y es probablemente el único que tiene un texto unificado de la regulación, ejemplo que en Colombia también fue seguido por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA). Basta decir que las reglas fijadas por el Gobierno en este decreto para darle mayor transparencia a la regulación son una práctica obligatoria en la CRT desde hace cuatro años.

Volviendo nuevamente sobre el proyecto de regulación tarifario, lo primero que debe decirse es que es uno de los mejores trabajos de la CRT por la cantidad de aspectos nuevos para nuestro medio que trae en materia de tarifas, todo ello mirado con el sano interés de proteger a los usuarios. Sin lugar a dudas, se trata de un tema álgido para las empresas, pues tal vez uno de los últimos aspectos que debe intervenir el regulador es el de los precios, como sentenciaran los esposos FRIEDMAN al afirmar que nadie invierte grandes sumas de dinero donde la rentabilidad del negocio es definida por un tercero; pero, en este caso, también hay que tener en cuenta que la regulación esta castigando la deficiente estrategia comercial de los operadores, dormidos en los laureles del monopolio.

No puede negarse que donde se ha presentado un conato de competencia, las ofertas de los operadores entrantes son prácticamente iguales a las de los operadores establecidos, por lo que su estrategia de ventas se basa principalmente en el sentimiento de rechazo al monopolio abusador. Solo en el caso de Bogotá se ha percibido recientemente alguna diferencia con la tarifa plana para telefonía local que ofrece EPM.

Por lo anterior, quiero hacer públicas mis felicitaciones por la concepción general del proyecto. Aspectos como el “consumo controlado”, de común aplicación en la telefonía móvil, debe también ser adoptado para la telefonía fija, en especial para los usuarios de menores ingresos. Igualmente, la adopción del sistema prepago desde teléfonos fijos, ofrece al usuario la posibilidad de consumir libremente los minutos que adquiera desde un teléfono público o desde el lugar donde trabaja o reside, lo cual es posible que dinamice aún más este mercado. Y el cambio de los impulsos a minutos también redunda en una mayor transparencia en la facturación del servicio a los usuarios. Son soluciones simples que de tiempo atrás se venían proponiendo de manera informal, que son conocidas por el público y también por el Congreso de la República, cuya percepción es favorable y las que ahora deberán estudiar las empresas de cara al usuario.

Por último, hay que mencionar que también debería exigirse la adopción de alternativas tarifarias para el acceso conmutado a Internet y para banda ancha. En el primer caso, desde la implantación de la tarifa plana por la CRT no ha habido cambios en la oferta. De hecho, el precio sigue siendo el mismo, lo cual denota poca competencia. Igual ocurre con el acceso a banda ancha. Tal vez el único argumento que justifica la desagregación del bucle, a la que me opongo como lo manifesté en el pasado artículo, es que no existen suficientes ofertas del servicio, así que la única forma legítima de desactivar este riesgo regulatorio sería con una actitud comercial más efectiva.

31. el huevo o la gallina

(“Si los ciudadanos acatan las leyes y las cumplen qué importa que sean o no sean las mismas”. Montesquieu). En el pasado magazín de TOP COMM, Mauricio López comentó la necesidad de eliminar los “cuellos de botella” que existen a nivel de la red de acceso al abonado. Para sustentar esta opinión toma como ejemplo a Chile, país donde la penetración de la banda ancha muestra niveles apreciables pero, irónicamente, de manera contraria a la tesis que plantea el artículo, en Chile no está prevista la desagregación del bucle; sin embargo, la penetración de servicios de banda ancha es superior a la de España, donde hace algunos años está contemplada esta medida y donde es común que los usuarios se quejen por las altas tarifas que pagan, aún cuando en el último año hayan disminuido.

Llama la atención la forma como se construye el argumento, señalando primero algunos de los factores que han contribuido al crecimiento de la economía chilena, para después acusar de retrógrados a los que no ven la necesidad de incentivar el acceso de banda ancha para los usuarios como una forma de aumentar el nivel de conectividad y, por ende, de acceso a la Sociedad del Conocimiento, y concluir que para lograr esos objetivos es importante adoptar medidas como la desagregación del bucle, aún cuando no se refiere explícitamente a ella, o tal vez pretenda ir más allá, incluyendo el acceso a los usuarios de telefonía móvil.

Por supuesto, todos coincidimos en las premisas del sofisma, pero no en su conclusión, pues así como Chile es un buen ejemplo del aumento de conectividad sin desagregación del bucle, también creo que los planteamientos ignoran otros aspectos que fueron fundamentales para el crecimiento económico de ese país, como son el orden público, la estabilidad de la regulación, el nivel de corrupción del Estado y el acceso a la justicia.

En resumen, es el respeto a la ley, el respeto a la institucionalidad, lo que permite el desarrollo de un país. Por eso causa preocupación que algunos minimicen estos problemas, afirmando que es normal para un empresario transferir estos costos a la operación del negocio. Por el contrario, esa transferencia se produce cuando ya se ha invertido, pero los factores mencionados son determinantes antes de tomar esa decisión.

Por lo anterior, no puede decirse que el país y, particularmente el sector, no estén abiertos a la inversión privada y que, además, no se haya intentado. Esto no quiere decir, como lo he explicado tantas veces, que no sea importante revisar la estructura del sector, pues su excesivo fraccionamiento probablemente desincentiva la inversión privada. Así mismo, medidas como obligar a las empresas a cotizar en Bolsa, que propuso el Viceministro de Comunicaciones, o la venta de TELECOM a las empresas locales, no su fusión, pueden contribuir a su desarrollo.

Pero, lo más importante para los inversionistas y es uno de los principales puntos que debe tener presente el regulador, es garantizar la estabilidad de las reglas de juego y, en gran parte, la desagregación del bucle o de aquellos otros “elementos de conexión a la red de abonado” pueden atentar contra ese principio.

Por último, no sobra aclarar que la cuestión sobre banda ancha o “banda angosta” no representa una situación antagónica, como podría pensarse. Como explique en otro artículo (“El bucle de abonado"), se trata de definir prioridades en los esfuerzos que debe realizar el Gobierno para mejorar la conectividad del país, de paso, reduciendo la “brecha digital” entre nosotros mismos, por lo cual es preferible dejar el crecimiento de la banda ancha al mercado, sin aumentar la percepción de riesgo para los inversionistas con propuestas como éstas, mientras que proyectos de acceso a internet como los que adelanta TELECOM y otras empresas a nivel regional, deben ser apoyados por el Estado.