36.Tarifas 2

Regresando de una reunión en Brasil de un grupo de investigadores apoyados por el gobierno de Canadá, en la que coincidencialmente tratamos el tema de la regulación “pro-pobres” en América Latina, me encontré con la noticia sobre la expedición del nuevo régimen tarifario. Como había dicho en otra columna (Tarifas, dussan.blogspot.com), considero que se trata de una de las mejores regulaciones que ha preparado la CRT. Se trata, sin lugar a dudas, de una normatividad de vanguardia, como lo manifesté al grupo de participantes en dicho foro. Además, la anticipación de la norma, que será aplicada a partir del 1 de enero de 2006, permitirá corregir a tiempo los posibles defectos que puedan existir.

Sin embargo, en la práctica la resolución sigue sin ser aprobada, lo cual preocupa por la incertidumbre que produce esa falta de decisión. No entiendo el temor del gobierno en esta materia. Recuerdo que en uno de los debates a COLOMBIA MOVIL, algunos congresistas se refirieron elogiosamente al tema. También es importante recordar que la propuesta había sido bien recibida por las empresas, las cuales participaron constructivamente por intermedio de ANDESCO, dando un buen ejemplo de colaboración entre el gobierno y las empresas.

En ese sentido, la participación de las empresas fue fundamental para permitir la conversión de impulsos a minutos, mediante la fijación de un factor que represente realmente el promedio de la llamada, regla que ha sido reclamada de tiempo atrás con el fin de facilitar el conocimiento de los usuarios sobre su consumo, tal como lo exige la ley.

Pero no todos los aspectos de esta regulación son buenos. Resulta preocupante la idea de eliminar los subsidios para los estratos 1 y 2. Se dice que el esquema es deficitario y no sostenible, lo cual no es cierto pero, aún si lo fuera, resulta absurdo que se desmonten las contribuciones de los estratos 5 y 6 para esos efectos, cuando no se tiene prevista una alternativa para atender las necesidades de los pobres en las ciudades.

Se pretende de esta manera estimular la demanda ante una supuesta pérdida de ingresos por consumo, cuando el consumo de esos usuarios tiende a ser inelástico al precio y en realidad ha aumentado debido al uso de nuevas tecnologías. Por lo anterior, la sustitución de la telefonía móvil por la telefonía fija se presenta principalmente en los estratos 4, 3 y 2 y en la telefonía regional, segmentos en los que la telefonía móvil tiende a ser un sustituto perfecto de la fija, pero en ese caso la medida que se pretende aplicar no sirve para corregir esa tendencia.

Así lo confirma la Superintendencia de Servicios Públicos cuando afirma que la causa del retiro del 75,67% de las líneas el año anterior (377.972) fue por mora en el pago del servicio y el 23,59% (112.851) por requerimiento directo del suscriptor, “siendo los sectores de estrato 3 con el 33%, estrato 2 con el 24% y No Residencial con el 23%, los que presentaron el mayor número de retiros”, según la misma entidad.

Se podrá argumentar que esa alta cifra de retiro del sector industrial y comercial confirma, cuando menos parcialmente los supuestos del gobierno. Eso sería cierto si no fuera porque el retiro de líneas en ese grupo se debe seguramente a su sustitución por acceso de banda ancha, lo cual también ocurre en los estratos 5 y 6. Cabe, entonces, preguntarse si el sobrecosto del 20% que tienen estos planes para los usuarios mencionados se está aplicando a los subsidios.

Lo peor no es que sea una política equivocada, sino que resulta injusta con las personas de menores ingresos. Curiosamente, ahora que los programas de telecomunicaciones sociales basados en accesos comunitarios parecen haber cumplido su ciclo en América Latina y algunos organismos internacionales miran con interés nuestro bien desarrollado sistema de estratificación para aplicar subsidios, nosotros pretendemos acabarlo con argumentaciones sofísticas. No sobra mencionar que la asignación de subsidios para grupos débiles o de bajos de ingresos es una práctica universal en materia de servicios públicos, no solamente de telecomunicaciones, sino también para atender las necesidades de salud, transporte, educación, entretenimiento y cultura.

Es por ello que conociendo la vocación social y los principios éticos de empresas como ETB y EPM, seguramente serán éstas las principales opositoras de la medida, con mayor razón si tenemos en cuenta los programas de gobierno de los actuales alcaldes y los estudios que ambas ciudades han hecho sobre los niveles de pobreza y la capacidad de pago de los servicios públicos por parte de sus ciudadanos.


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