35.TLC 3

Como diría el ex ministro Juan Manuel Santos, me da mucha pena pero las negociaciones sobre telecomunicaciones del TLC han sido una suma de equivocaciones por parte de los representantes del gobierno. El primer error fue el de pretender incluir a los operadores de telefonía móvil en el acuerdo. Resulta increíble que EE.UU. haya terminado asumiendo la defensa de nuestros operadores, mientras los negociadores colombianos, como si quisieran anotar cuando menos “el gol de la honrilla”, propusieran la portabilidad numérica como última opción, una medida típicamente regulatoria, a la que nadie en la mesa prestó mucha atención. Era claro desde un comienzo que la posición era equivocada y, como lo advertí hace tiempo, lo sensato era dejar a la llamada “agenda interna” esas discusiones.

Lamentablemente, en otros temas los cambios representan un riesgo muy alto para el país. Según parece, las exigencias de los EE.UU. en cuanto a la operación sin presencia comercial de servicios de telecomunicaciones ha sido aceptada, sin que, por otra parte, se avance en el control del tráfico clandestino. En cuanto al primer aspecto, también había dicho que las pretensiones de los EE.UU. eran legítimas, por lo que era necesario iniciar las conversaciones demostrando que los costos de terminación de tráfico en Colombia eran competitivos y que las tarifas no serían diferentes de los que se obtendrían si se cambiaran las reglas de juego, pues en realidad, antes que abrir mercado a los operadores norteamericanos, el interés de nuestro socio comercial es reducir las transferencias que se producen por las diferencias de tráfico entre los países y que aumentará aún más al intensificarse el comercio. De esta manera se hubiera llevado la discusión a otro nivel.

Como consecuencia de lo anterior, tampoco se consiguió algún avance en relación con el control del tráfico clandestino, punto sobre el que EE.UU. no tenía mayor margen de discusión, teniendo en cuenta que la OMC ya se había pronunciado en su contra en una disputa con México sobre el tema. Lo que se producirá ahora es la legalización de todo el tráfico de entrada en perjuicio de los operadores legalmente habilitados y, contrario a lo que muchos suponen, muy reducidos beneficios para los usuarios que viven en Colombia, incluso para los pocos que tienen acceso a sistemas “call-back” o VoIP que, de por sí, ya se están beneficiando de esas tecnologías.

Para rematar las equivocaciones, también se acordó que las redes privadas no pueden conectarse a las redes públicas. A esta alturas, vale la pena preguntarse el objeto de esa medida que desconoce los compromisos en la OMC y que, por lo tanto, puede resultar inaplicable porque representa un retroceso en relación con los compromisos adquiridos ante esa Organización.

Pero, a pesar de las críticas, el Tratado debe asumirse como un reto. Por ejemplo, aún cuando la apertura del mercado de larga distancia será costosa para los operadores de larga distancia y, en consecuencia, para el Estado y, por lo tanto, para todos nosotros, el cambio de estas reglas traerá un nuevo impulso al sector. Lo primero que se verá es la oferta de servicios de larga distancia por operadores locales y de telefonía móvil, además de otras empresas.

Así mismo, las integraciones empresariales serán más probables y la creación de valor en las empresas dependerá de la capacidad de realizar alianzas estratégicas con operadores nacionales y extranjeros. Aumentará la demanda por los recursos de interconexión, valorizando los enlaces y orientando, por fin, los esquemas de interconexión hacia los cargos de acceso por capacidad y la interconexión indirecta. También será importante que el equipo comercial y el de servicio al cliente se fortalezcan y que sus miembros sean muy receptivos a los cambios, más aún, promotores del cambio, para mantener en los clientes un estado de atracción constante, con planes basados en el empaquetamiento de servicios, banda ancha y tarifas planas, de manera que los esquemas por minuto y por servicios serán obsoletos.

En conclusión, el mercado estará totalmente abierto y es hora de decidir cuál es la política que tendrá el sector en los próximos años, para lo cual es necesario preparar una ley que por encima de todo, garantice la mínima intervención del Estado y la estabilidad para los inversionistas.