27.Telecom

La semana pasada el expresidente Gaviria estuvo en el país y propuso en el foro de la ANIF que se vendiera a TELECOM. En el mismo sentido se expresó el exministro Caballero Argáez en su columna de EL TIEMPO. Son muchos los que siguen esta propuesta que, por cierto, lleva muchos años exponiéndose en diversos foros, pero como todos saben hay una gran distancia entre las palabras y los hechos. Basta recordar que fue el propio expresidente Gaviria el que hecho para atrás la iniciativa y de paso auto-aplicó la moción de censura a su ministro de comunicaciones.

Sin lugar a dudas, el panorama del sector sería muy distinto si se hubiera hecho la venta en ese momento y valdría la pena hacer una retrospectiva de lo que hubiera ocurrido para tratar de establecer si en este momento el resultado de esa decisión sería igualmente favorable a los intereses del país y del sector.

Por lo tanto, la discusión puede darse en varios niveles: el primero, los efectos generales. El país hubiera recibido una suma considerable de recursos que bien invertidos habrían servido para atender problemas más apremiantes del país, pero mal invertidos, como ocurrió en otros lugares, solo hubieran aumentado el despilfarro de los recursos públicos. Sin embargo, es seguro que por lo menos una parte del dinero recibido hubiera servido para atender las obligaciones pensionales de la empresa y de pronto también del ISS.

Igualmente, si se hubiera hecho la venta tampoco se hubieran celebrado los contratos de “joint-venture”, que tantos dolores de cabeza trajeron a la empresa y que comprometen importantes recursos de la nación, dando la razón a quienes afirman que siendo el sector de las telecomunicaciones de alto riesgo por sus desarrollos tecnológicos y comerciales, los recursos públicos no deberían invertirse en estos negocios.

Pero si la venta se hiciera hoy, las condiciones serían muy distintas. Primero, porque es muy difícil que se pueda enajenar la empresa a inversionistas privados, por lo menos a empresas internacionales, principalmente porque carece de espectro para servicios móviles y porque el fraccionamiento del sector puede desalentar este tipo de adquisiciones. Queda entonces la posibilidad de vender la empresa a ETB y/o a EPM. No creo que sea el escenario que contempla el expresidente Gaviria en su intervención, pero además no resulta conveniente retirar dineros de las regiones para transferirlos a la nación.

Parece que estamos ante una “sin salida”, pero existen otras alternativas que pueden estudiarse, como la escisión de la empresa o las alianzas estratégicas, ambas con el fin de alcanzar mayores economías en la operación regional. Un ejemplo puede ser la Costa Atlántica. La expansión de EDATEL y la crisis de EDT deberían aprovecharse para buscar sinergias entre estas empresas. Soluciones iguales puede adoptarse para las líneas que tiene TELECOM en Bogotá, el Valle del Cauca o el Meta, que podrían cederse a otros operadores que tienen presencia en esas zonas.

Lo anterior no significa que la empresa necesariamente deba salir de esos mercados, pues conservaría su condición de carrier y de proveedor de soluciones corporativas. Además, no necesariamente las operaciones deben conducir a la venta de las líneas pues existen muchas alternativas de negocios y en cada caso puede adoptarse una solución diferente, de acuerdo con los intereses de quienes intervienen.

En todo caso la venta en bloque de la empresa no es fácil y debe existir un plan para que TELECOM se adapte a un entorno desfavorable, especialmente marcado por la expansión de la telefonía móvil. Cierto que ya se resolvieron algunos problemas, principalmente relacionados con las Teleasociadas, pero es inevitable que los ingresos de las empresas que dependen de la telefonía fija vayan decayendo. De por sí, en otros países empresas en esta situación anuncian y negocian con varios años de anticipación los planes de despido, los cuales no necesariamente deben ser traumáticos para los empleados, solo por mencionar alguno de los aspectos que deben contemplarse y que, además, no solo toca a TELECOM.

Por lo tanto, es importante que los funcionarios del Gobierno se sienten a discutir una solución integral con los demás participantes del mercado, teniendo en cuenta las condiciones particulares de operación del servicio en las regiones y abriendo una mesa de negocios que explore alternativas en ese sentido.

26. Parlamentarismo 2

Solo han pasado ocho días y el panorama se aclara, confirmando mis opiniones de la semana pasada. En estos días el Partido Liberal manifestó que expulsará a los miembros que no respeten su disciplina y hayan votado por la reelección. Muy bien por el Partido Liberal que ha tomado una posición clara frente al debate electoral y que además persigue decididamente una definición ideológica. Es posible que esta actitud produzca una reacción del “uribismo” y se funde un nuevo partido que sea una alternativa política real. Curiosamente el Partido Conservador no se manifiesta en este momento, seguramente preocupado por las cuotas que le corresponden, pero queda la esperanza de que el expresidente Pastrana cree un cisma tan profundo que por fin produzca una renovación en su interior.

Por lo anterior, reitero que no conviene al país el sistema parlamentario. Si así fuera, de entrada hay que mencionar que Uribe no sería Presidente, difícilmente podría Peñalosa llegar a serlo y Mockus no tendría posibilidad alguna. Tampoco otros, como Pardo Rueda o Vargas Lleras, expulsados del Partido Liberal. Sin embargo, cualquiera de ellos podría ser elegido de manera directa por el pueblo, como lo hizo Uribe, en unas elecciones en las que el simple debate democrático de opciones tan disímiles sería un aporte importantísimo para la formación de la nacionalidad.

Porque, además, cualquier discusión en el país con algún contenido político, como la paz, la organización territorial, la distribución de los recursos fiscales, los servicios públicos, debe servir a la construcción de la nacionalidad.

Por otra parte, hay que recordar que el “impeachment”, principal elemento de control político del Parlamento, no ha servido de mucho en nuestro medio. Aún cuando la Constitución de 1991 lo consagró con la intención de darle mayor protagonismo al Congreso, esperando que se produjeran profundos debates sobre las políticas del Ejecutivo (que de paso servirían para recuperar la respetabilidad de esta institución), lo más cerca que se ha estado de una moción de censura es cuando un ministro no ha presentado excusa para asistir a las continuas y frecuentemente aplazadas citaciones, las cuales generalmente solo sirven para mantener alejados de sus verdaderas funciones a los pobres funcionarios durante interminables sesiones, al punto que algunos han pedido un reducido espacio para poder trabajar desde el Capitolio porque no les queda tiempo para hacerlo en sus despachos.

Igualmente, tampoco creo que sea buena la disolución del Parlamento, el otro elemento fundamental que hace de contrapeso del sistema. Esa fue la ingenua intención de la Constituyente y se ha visto que el Congreso sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no sería mediante una disolución del Congreso que se cambiarán las costumbres políticas. Por el contrario, ante la amenaza de disolución, es más probable que el Congreso se abstenga de promover un voto de desconfianza y en cambio procure obtener ventajas que afectan la credibilidad del sistema (“gobierno por corrupción”). Vale la pena citar a Loewenstein, quien afirma: “El que la disolución parlamentaria conduzca a un auténtico veredicto del electorado, depende en gran parte de la existente estructura de partidos –bipartidismo o pluripartidismo- (…). En un sistema multipartidista el resultado es dudoso; sólo raramente se aproximará la disolución a un verdadero referéndum, en el que la elección general se centra en concretas y tangibles cuestiones que dividen sin equívocos a los partidos (…). Esto es evidente que sólo puede producirse en un sistema bipartidista”.

Tampoco parece conveniente la propuesta del senador Pardo de crear la figura del Jefe de Gobierno, independiente del Jefe de Estado. Aun cuando es una idea original que, sin cambiar el sistema presidencial, sirve para coordinar mejor la relación del Ejecutivo con las demás ramas del poder, divide el poder Ejecutivo en perjuicio de la unidad que requiere la dirección del Estado, crítica que también se ha formulado a la figura del Vicepresidente, que históricamente ha sido considerado el mayor conspirador de cada Gobierno y aunque en las circunstancias actuales no parece que esto vuelva a ocurrir, no deja de ser preocupante que el Jefe de Gobierno pudiera ser nombrado por el Congreso y que se dedicara a hacerle oposición al Presidente. Ahora bien, si solo se requiere la aprobación del Congreso para su designación, como un acto de ratificación y como una forma de fortalecer las relaciones entre los dos poderes, debe garantizarse el derecho de remoción discrecional por parte del Presidente en cualquier momento.

También deben analizarse otros aspectos, como las materias que tendría a su cargo (podría ser la paz y la atención de las necesidades sociales para la población marginada), los poderes o funciones que ejercería, las relaciones con otros funcionarios del gobierno, como los Altos Comisionados, o las consecuencias de un “veto” del Congreso sobre este funcionario, mientras que Ministro del Interior, si se conserva separada la cartera, podría enfocarse en la relaciones con los entes territoriales y los asuntos que tienen que ver con la administración de justicia.

Se trata, por supuesto, de una simple lluvia de ideas que deberán irse acomodando en el conjunto del rompecabezas, aunque la mayoría de ellas son las mismas que se expusieron en la Constituyente para justificar la figura del Vicepresidente, cuyo papel no puede decirse que haya tenido una gran proyección.

25. parlamentarismo

Sigue su curso irrefrenable la tesis de adoptar el sistema parlamentario en Colombia. Son muchos quienes han propuesto de vieja data de esta idea, aun que para algunos el trasfondo sea la intención de enredar la otra gran propuesta política del momento, como es la reelección presidencial. Sin entrar en los entretelones de los intereses que están en juego y con el respeto que merecen los ilustres exponentes del proyecto, como el expresidente López, Tito Livio Caldas, Juan Manuel Charry o el senador Cristo, sin olvidar a William Jaramillo, quien era una de sus más convencidos defensores, resulta importante recordar que desde la independencia, Bolívar considero que este sistema no respondía adecuadamente a la forma de ser de nuestros pueblos, pues el Libertador creía que las jóvenes naciones no tenían la suficiente formación democrática para implantar esta forma de gobierno.

En efecto, se ha visto que el sistema parlamentario es un modelo que se desarrolla en democracias maduras, es decir, con partidos políticos definidos y cuyos militantes conocen claramente la ideología que representa cada uno de ellos. De por sí, el sistema parlamentario se adapta mejor al bipartidismo, por lo que es necesario un equilibrio real entre los grupos políticos, económicos y sociales para el adecuado funcionamiento del sistema de controles que se requiere para garantizar la alternatividad del poder.

Lamentablemente, ningún país en América Latina podría afirmar que ha alcanzado esa madurez. Por el contrario, la inestabilidad política del continente confirma cada día como los partidos políticos no representan realmente una ideología y, sobre todo, que carecen de una conexión con las bases populares que no se ven representadas en sus dirigentes. Este problema no puede resolverse con el sistema parlamentario, como pretenden algunos al afirmar que por este medio se consolidan los partidos y, subsecuentemente, se fortalece la democracia. En realidad el proceso debe ser inverso. Cierto que en la Gran Bretaña el sistema parlamentario fue anterior a los actuales partidos políticos, pero no a la división ideológica que los mismos reflejan, como tampoco puede olvidarse que la monarquía fungía como árbitro, a pesar de las distancia que podía tener la institución real con los laboristas. Igualmente, países como Francia, Italia o España representan a través de sus partidos las ideologías social-demócratas y conservadoras que han dividido a Europa desde el siglo XIX.

En nuestro medio, en cambio, los partidos políticos no lograron esa representación, mucho menos después del Frente Nacional, de manera que la permanente aparición de nuevas fórmulas políticas que canalizan los sentimientos de inconformidad de los electores deben ser miradas y respetadas como una muestra del proceso de formación de nuestras naciones, que podría frustrarse con la implantación del parlamentarismo. Frustración que profundizará con más dolor las diferencias entre nosotros.

No puede olvidarse que Colombia marcha al borde del partido institucional o del partido único de gobierno, pues el Partido Conservador no es una opción de poder sino una suma de intereses regionales que ni siquiera constituyen oposición. Igualmente, hay que mencionar que tanto Uribe como Pastrana fueron elegidos como representantes de fuerzas independientes, por lo que impedir la consolidación de alternativas que buscan marcar una diferencia con la vieja política se puede constituir en un motivo de frustración para muchos ciudadanos.

En consecuencia, la propuesta del sistema parlamentario tiende a prolongar la concentración del poder político en las fuerzas tradicionales, en perjuicio de propuestas que para beneficio de la democracia se están desarrollando en el continente, aún cuando no necesariamente sean afines con nuestro pensamiento. Se trata de opciones que tienen arraigo popular y que respetan valores y tradiciones culturales que son ajenas a la dirigencia de nuestros pueblos, por lo que sus planteamientos recogen muchos elementos que no están presentes en los modelos e instituciones políticas que hemos copiado, aun cuando deban ser miradas con cuidado, pues en algunos casos también están cargadas de propuestas populistas que podrían conllevar mayor pobreza a nuestros pueblos.

Para concluir, el sistema parlamentario es incluyente en aquellos países donde está consolidado el bipartidismo y, por ende, las personas se sienten representadas en las concepciones ideológicas que los respectivos partidos defienden. Pero el sistema parlamentario no es adecuado para una sociedad donde las concepciones ideológicas no están claras, ni los partidos políticos han respondido a la responsabilidad de definirlas. En este escenario, el parlamentarismo se convierte en un sistema excluyente, para una sociedad cuyo mayor problema es ser excluyente en todos los campos y evita la alternatividad del poder, fundamento esencial de la democracia.