24. Ley de telecomunicaciones

Recientemente escuché a la Viceministra de Comunicaciones afirmar que la regulación colombiana en telecomunicaciones es reconocida como una de las más avanzadas, e hizo especial mención del RUDI, un proyecto que iniciamos con Diego Molano, principalmente motivados por los compromisos adquiridos en la Comunidad Andina y la inminente entrada de PCS, para el cual contamos con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Canadá. Mediante esta regulación pretendíamos fijar claramente las condiciones para la interconexión de todos los operadores de telecomunicaciones, incluyendo los de valor agregado, como quedo previsto en la norma andina, en cuya elaboración también tuve la posibilidad de participar. Curiosamente, ahora se interpreta que estos servicios no quedaron comprendidos en el régimen de interconexión, por lo que la CRT se niega a resolver los conflictos que tengan relación con los mismos, incluso aun cuando existe el antecedente de un conflicto entre Unitel y Emcali en que la CRT intervino cuando yo era comisionado. Por otra parte, no deja de ser curioso que se haya adoptado esta posición, mientras se pretende desagregar el bucle de abonado, a lo que me opuse en esa oportunidad, quedando en el RUDI una fórmula “salomónica” que consiste en la obligación de hacer sendos estudios para establecer la necesidad de imponer una medida tan fuerte sobre la red de los operadores de TPBC. Por lo anterior, me queda la pregunta de por qué se quiere hacer la desagregación del bucle, si la CRT se declara incompetente para ordenar la interconexión de redes de valor agregado?

Siguiendo con las añoranzas, también he conocido que en la pasada reunión de ANDESCO se promovió la idea, especialmente por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de adoptar la figura del Defensor del Usuario, la cual habíamos propuesto en el proyecto de ley 160/01. Es curioso que en esta administración se este impulsando esta figura, mientras se rechaza el proyecto que contemplaba esa solución al problema de la atención de los usuarios.En relación con la ley de telecomunicaciones, a mi modo de ver y como quedó plasmado en el proyecto de ley que coordine por honrosa designación que me hizo la Ministra Angela Montoya, el cambio normativo debía concentrarse en la solución de cuatro temas principales: la defensa del consumidor, la organización del servicio universal, el régimen de competencia y la convergencia. Para el primero, propusimos el ombudsman, como ya mencioné. En el segundo tema, lo que más nos interesaba era garantizar la sostenibilidad del esquema de subsidios y contribuciones por los próximos diez años y “blindar” al Fondo de Comunicaciones para evitar que sus recursos pudieran ejecutarse en soluciones improductivas, siendo mandatario que los mismos debían atender prioritariamente a las poblaciones de zonas apartadas y de menores ingresos, como lo propuso Carlos Balen. En el tercer tema, se fijaban reglas para garantizar que la regulación no interfiriera la libre empresa. Especialmente me gustaba la regla que consagraba el principio de no intervención tarifaria, salvo para el servicio universal o cuando se abusara de la posición dominante frente a los usuarios. Por último, en relación con la convergencia se avanzaba en el tema de la regulación de redes, incluso las que se utilizaban para los servicios de televisión, asignándole esa competencia a la CRT, sin perjuicio de las facultades constitucionales de la CNTV sobre el espectro asignado a los servicios de televisión. En este punto, sobre todo se tenía claro que Colombia debía respetar las condiciones ofrecidas a los inversionistas públicos y privados que participaban en el sector. En ese sentido, la solución sobre los títulos habilitantes, a pesar de sus numerosas criticas, hacia honor a esos compromisos.

Ahora se ha radicado un nuevo proyecto de ley, el 032 de 2004, que falla en sus soluciones respecto del servicio universal y la protección del usuario. En el primer punto, elimina los subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2; en el segundo, mantiene el procedimiento de las “PQR’s”, que evidentemente ha fracasado, pues la vía gubernativa no es una solución adecuada para atender los reclamos de por lo menos 15 millones de usuarios de servicios de telecomunicaciones, principalmente por una razón: se desconoce el origen de los problemas que causan la inconformidad de los usuarios y la necesidad de promover prácticas que mejoren la gestión del servicio de cara al cliente.Pero lo que mas preocupa del proyecto es que el Gobierno tendrá que atender dos frentes al mismo tiempo: la mesa de negociación del TLC y el Congreso de la República. Situación que parece traer más inconvenientes que ventajas porque es posible que surjan conflictos entre las decisiones que se adopten en cada uno de estos escenarios. Por lo tanto, sería conveniente que se suspendiera la discusión del proyecto, por lo menos hasta que estén mas avanzadas las negociaciones, sin perjuicio que el Congreso pueda ejercer el control que naturalmente le corresponde y pedir informes sobre los asuntos que considere.