24. Ley de telecomunicaciones

Recientemente escuché a la Viceministra de Comunicaciones afirmar que la regulación colombiana en telecomunicaciones es reconocida como una de las más avanzadas, e hizo especial mención del RUDI, un proyecto que iniciamos con Diego Molano, principalmente motivados por los compromisos adquiridos en la Comunidad Andina y la inminente entrada de PCS, para el cual contamos con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Canadá. Mediante esta regulación pretendíamos fijar claramente las condiciones para la interconexión de todos los operadores de telecomunicaciones, incluyendo los de valor agregado, como quedo previsto en la norma andina, en cuya elaboración también tuve la posibilidad de participar. Curiosamente, ahora se interpreta que estos servicios no quedaron comprendidos en el régimen de interconexión, por lo que la CRT se niega a resolver los conflictos que tengan relación con los mismos, incluso aun cuando existe el antecedente de un conflicto entre Unitel y Emcali en que la CRT intervino cuando yo era comisionado. Por otra parte, no deja de ser curioso que se haya adoptado esta posición, mientras se pretende desagregar el bucle de abonado, a lo que me opuse en esa oportunidad, quedando en el RUDI una fórmula “salomónica” que consiste en la obligación de hacer sendos estudios para establecer la necesidad de imponer una medida tan fuerte sobre la red de los operadores de TPBC. Por lo anterior, me queda la pregunta de por qué se quiere hacer la desagregación del bucle, si la CRT se declara incompetente para ordenar la interconexión de redes de valor agregado?

Siguiendo con las añoranzas, también he conocido que en la pasada reunión de ANDESCO se promovió la idea, especialmente por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de adoptar la figura del Defensor del Usuario, la cual habíamos propuesto en el proyecto de ley 160/01. Es curioso que en esta administración se este impulsando esta figura, mientras se rechaza el proyecto que contemplaba esa solución al problema de la atención de los usuarios.En relación con la ley de telecomunicaciones, a mi modo de ver y como quedó plasmado en el proyecto de ley que coordine por honrosa designación que me hizo la Ministra Angela Montoya, el cambio normativo debía concentrarse en la solución de cuatro temas principales: la defensa del consumidor, la organización del servicio universal, el régimen de competencia y la convergencia. Para el primero, propusimos el ombudsman, como ya mencioné. En el segundo tema, lo que más nos interesaba era garantizar la sostenibilidad del esquema de subsidios y contribuciones por los próximos diez años y “blindar” al Fondo de Comunicaciones para evitar que sus recursos pudieran ejecutarse en soluciones improductivas, siendo mandatario que los mismos debían atender prioritariamente a las poblaciones de zonas apartadas y de menores ingresos, como lo propuso Carlos Balen. En el tercer tema, se fijaban reglas para garantizar que la regulación no interfiriera la libre empresa. Especialmente me gustaba la regla que consagraba el principio de no intervención tarifaria, salvo para el servicio universal o cuando se abusara de la posición dominante frente a los usuarios. Por último, en relación con la convergencia se avanzaba en el tema de la regulación de redes, incluso las que se utilizaban para los servicios de televisión, asignándole esa competencia a la CRT, sin perjuicio de las facultades constitucionales de la CNTV sobre el espectro asignado a los servicios de televisión. En este punto, sobre todo se tenía claro que Colombia debía respetar las condiciones ofrecidas a los inversionistas públicos y privados que participaban en el sector. En ese sentido, la solución sobre los títulos habilitantes, a pesar de sus numerosas criticas, hacia honor a esos compromisos.

Ahora se ha radicado un nuevo proyecto de ley, el 032 de 2004, que falla en sus soluciones respecto del servicio universal y la protección del usuario. En el primer punto, elimina los subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2; en el segundo, mantiene el procedimiento de las “PQR’s”, que evidentemente ha fracasado, pues la vía gubernativa no es una solución adecuada para atender los reclamos de por lo menos 15 millones de usuarios de servicios de telecomunicaciones, principalmente por una razón: se desconoce el origen de los problemas que causan la inconformidad de los usuarios y la necesidad de promover prácticas que mejoren la gestión del servicio de cara al cliente.Pero lo que mas preocupa del proyecto es que el Gobierno tendrá que atender dos frentes al mismo tiempo: la mesa de negociación del TLC y el Congreso de la República. Situación que parece traer más inconvenientes que ventajas porque es posible que surjan conflictos entre las decisiones que se adopten en cada uno de estos escenarios. Por lo tanto, sería conveniente que se suspendiera la discusión del proyecto, por lo menos hasta que estén mas avanzadas las negociaciones, sin perjuicio que el Congreso pueda ejercer el control que naturalmente le corresponde y pedir informes sobre los asuntos que considere.

23. it´s not the economy, simple

Se mantienen altas las expectativas por la negociación del TLC con los Estados Unidos. Stiglitz expone su posición crítica a la globalización indiscriminada; los exgobernantes de todo el mundo dictan conferencias para defender los acuerdos que suscribieron durante su gestión; los representantes gremiales afirman con vehemencia que debemos ¨insertarnos en la economia mundial¨, para después rechazar horrorizados las pretensiones que afectan a sus sectores; con preocupación vemos que el gobierno parece confundido en la discusión: primero dice que la propuesta de privatización no se refería a las empresas locales sino a las nacionales y, después, que si se refiere a las locales pero que no está de acuerdo; y el alcalde de Bogota amenaza con renunciar a su cargo si lo obligan a vender la ETB.

Para empezar miremos el fondo del asunto: la necesidad del TLC. No se trata de repetir las salidas obvias a favor o en contra del acuerdo. Aceptemos que es una oportunidad de mejorar el nivel de las exportaciones y de recibir los beneficios por tecnificación, empleos y por supuesto divisas. Pero es importante analizar la posición de los EE.UU. al rededor de estos temas. Como lo plantea Stiglitz (SEMANA, agosto 2-8), los negociadores norteamericanos parecen haber asumido la discusión como algo simplemente comercial. Esa es una equivocación, pues el principal tema de las relaciones exteriores de los EE.UU. no es la economía. Para muchos, especialmente para los republicanos, es importante que su país consolide el liderazgo incondicional del hemisferio, hoy cuestionado por la guerra de Irak. De otro lado, debe tenerse en cuenta que los cambios producidos en los gobiernos de Europa reflejan un distanciamiento con los EE.UU. que también traerá consecuencias para Latinoamérica, especialmente para Colombia por su política de seguridad.

En consecuencia, si perdemos las ventajas económicas del ATPDEA, si nos gravan el café y las flores y nos obligan a privatizar las empresas, el Presidente Uribe tendrá que asumir en plena campaña para la reelección el debate sobre el TLC, con el fondo de las marchas sindicales, las protestas estudiantiles, las cacerolas, la oposición de los alcaldes y los políticos en comicios, además de las criticas de los representantes de los gobiernos y organizaciones europeas que aprovecharán para pasar la cuenta de cobro por el respaldo que dimos a Bush con Irak.

Ahora bien, que pasa si el Presidente Uribe rechaza el Acuerdo? Que mostraría la firmeza de un estadista, dejando sin banderas a sus opositores y, de paso, le haría un favorcito a Kerry, pues el candidato demócrata tendría mayores argumentos para criticar la política internacional de Bush y los intereses que están detrás de sus acciones, recogiendo el voto latino preocupado por la forma como los EE.UU. se aprovecha de sus vecinos.

En ese escenario, el fracaso de las negociaciones puede ser mas grave para el actual gobierno de los EE.UU. que para Colombia. Para revertir esa situación, los negociadores norteamericanos deben mirar las consecuencias que puede tener a nivel internacional la frustración de los países andinos, la distancia de Brasil, la altisonante oposición de Venezuela y el distanciamiento con Europa, e incluir en sus cuentas el ahorro que traería un Acuerdo favorable, sobre los gastos que realizan para combatir el narcotráfico, la delincuencia, la inmigración ilegal y el terrorismo.

Por supuesto, si estuviera claro en la negociación que este Acuerdo debe basarse en el principio de cooperación, que ha sido aceptado por los países desarrollados y que los obliga a propender por la ayuda a los países pobres, es posible que la negociación tuviera otro sentido y, al fin, todos aplaudiéramos el resultado obtenido.

También es preocupante la posición del Gobierno. Además de que resultaron confusas, por no decir contradictorias, sus explicaciones sobre la propuesta de privatización de las empresas oficiales de servicios públicos, debe decirse que faltó energía para rechazarla en Atlanta, pues tuvo que ser el Presidente, refiriéndose a TELECOM, y el Alcalde de Bogotá, en relación con la ETB, quienes afirmaron que ese punto no era negociable, después de concluida la reunión en Lima.

Tampoco es clara la intención de los propios representantes de nuestro país al incluir a los operadores de telefonía celular en el Acuerdo. Es curioso que si los EE.UU. no piden reformas sobre estos servicios, seamos nosotros quienes las ofrezcamos, arriesgando la estabilidad de las reglas de juego para esos inversionistas. Qué se quiere con ello? Resolver nuestros propios temas regulatorios a través de un acuerdo internacional, cuyo cumplimiento es ineludible? Seria ésta una forma válida de encontrar una excusa para modificar las condiciones de los contratos celebrados? No puede pensarse que la forma de sacar adelante una ley de telecomunicaciones sea mediante un “by-pass” al proceso legislativo, sin posibilidad de discusión con el sector. Sería un grave error para el país y un motivo de desprestigio para las autoridades. El buen juicio que han demostrado quienes están al frente de estos temas, me obliga a desechar esa idea.