22.Carta blanca
A pesar de las optimistas cifras que viene divulgando el gobierno sobre el crecimiento de la conectividad en Colombia, creo que la situación de las telecomunicaciones en el país no tiene el color rosa con el que se pinta, aunque el sector, como el resto de la economía, presenta una tasa de crecimiento positiva como lo viene haciendo desde hace una década.
El discurso del gobierno sobre las tendencias mundiales del sector parece escrito en otro idioma, pues no tiene valor alguno para los colombianos que viven en las zonas rurales y en los cinturones de miseria en las ciudades. Afirmar que la banda ancha, la convergencia, la globalización y la movilidad dirigen las telecomunicaciones en el mundo, antes que ofrecer una respuesta a estos ciudadanos parece darles un motivo más de zozobra.
Es muy grave que la CRT haya bajado el número de impulsos que pueden ser subsidiados a los usuarios de los estratos 1 y 2 en un 20%, en contra de las políticas que desde su campaña había propuesto el Presidente de la República y de la ley del Plan, sino que además parece olvidar la principal función que tiene el Estado, como es preocuparse por atender las necesidades de la población más pobre.
No es cierto que el esquema de subsidios y contribuciones no sea sostenible y claramente no podrá decirse eso en ciudades como Medellín o Bogotá, donde los montos son considerablemente superiores a los del resto del país.
Como se advirtió en la exposición de motivos del proyecto de ley 160/01, el esquema podía mantenerse por lo menos durante 10 años, aunque en aras de lograr una mayor equidad entre las regiones resultaba conveniente reorientarlo.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que con las nuevas tecnologías el consumo por individuo aumentará, con lo cual se garantizan más recursos para los subsidios, sin que esté afirmando que por ello se deba aumentar el monto existente.
También resulta contradictorio que se reduzca el subsidio mientras se afirma que uno de las políticas del gobierno es la masificación de internet, aumentando el valor promedio del minuto para el usuario. Sumemos a eso el impuesto a las importaciones de PC’s, el aumento del IVA a la telefonía móvil celular y la “reorientación” de la Agenda de Conectividad, para quedar completamente confundidos sobre los esfuerzos del gobierno por “cerrar la brecha digital”.
Por último, lo que hay que mirar es qué están haciendo las empresas para cubrir con su función social, en especial, en lo que se refiere a la atención de sus obligaciones de servicio universal, pues es sumamente preocupante que la teledensidad del país no haya aumentado en casi cuatro años, mientras las empresas obtienen ingentes ganancias. Para ello es necesario fijar algunas reglas que midan el nivel de cubrimiento en los estratos bajos para los operadores con un poder significativo en el mercado y no como está previsto ahora en una absurda resolución del Ministerio, obligando a las empresas entrantes que atiendan ese segmento de usuarios, contradiciendo cualquier lógica económica.
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2004.
