20. TLC 2

Corriendo el riesgo de volverme repetitivo, nuevamente me referiré al TLC. Recientemente EE.UU. ha sugerido la necesidad de privatizar algunas empresas de la nación, como COLOMBIA TELECOMUNICACIONES porque, según afirman, los costos de los servicios resultan muy costosos y repercuten negativamente en las relaciones comerciales de ambos países.

En pasados artículos mencione la necesidad de ponerle cifras a las conversaciones y, en especial, de presentar a los norteamericanos los valores de terminación de llamadas en el país, los cuales son bastante eficientes e inferiores a los que tienen otros países de la región. Por lo tanto, antes de proponer una privatización hay que revisar si realmente se justifica la medida.

Sin embargo, también puede resultar interesante estudiar la propuesta pues, en verdad, no es totalmente claro que se necesite un operador nacional de telecomunicaciones cuya presencia en el mercado está rodeada de tantos riesgos, mientras que es posible encontrar otras formas más eficientes de atender el servicio en las zonas apartadas del país.

De por sí TELECOM, para identificarlo por la marca, está lejos de ser una empresa competitiva, a pesar del esfuerzo que han hecho los actuales directivos, a los que sin lugar a dudas hay que hacerles un gran reconocimiento. Los problemas de la empresa son otros. Carece de espectro para servicios móviles, tiene una gran cantidad de líneas de bajo consumo y sus costos de operación siguen siendo altos. Su presencia en el mercado corporativo se ha reducido y su afán por emular a sus competidores no le permite explotar su vocación de carrier. Sin mencionar el canal de televisión que desde hace tiempo debería estar en manos de terceros.

Por otra parte, resulta irónico que esta propuesta la haga EE.UU. cuando los norteamericanos han perdido interés en nuestro mercado. Basta mirar el fracaso en la venta de la ETB, donde los pocos que se acercaron a preguntar fueron europeos; otra prueba es la venta que hizo Bellsouth de sus inversiones en Latinoamérica y otra, la de AT&T. Así las cosas, la pregunta que debería hacerse es ¿quién y cuánto van a pagar por la empresa?

Hay que agregar que si la propuesta de privatización se extiende a las empresas municipales, que siendo públicas no pertenecen a la nación, verdaderamente se les perdieron los papeles a los negociadores o confundieron la carpeta con la de Costa Rica, donde la idea no caló, o con las de Ecuador donde, en cambio, bien les vendría recibirla. Pero en el caso de nuestro país, debe quedar claro que la nación no puede ordenar la privatización de las empresas municipales porque sería contrario a nuestra Constitución Política.

En cambio, es necesario que los EE.UU. se comprometa a perseguir el call-back y la generación de tráfico clandestino, práctica que recientemente calificó la OMC como contraria a los acuerdos de integración comercial en un fallo que favoreció a México. Al fin y al cabo, si ese tráfico pudiera contabilizarse por los operadores habilitados, se daría un espacio más amplio para bajar los costos de terminación en una relación “gana-gana”, sin perjuicio que, sobre esa base, se discutieran algunos aspectos regulatorios como la reventa de servicios a las empresas norteamericanas. Afortunadamente en este proceso está la voz de Eduardo Pizano, a fé mía uno de los mejores negociadores y a quien le caben muchas cosas en la cabeza.

Para concluir, nuevamente insisto en la necesidad de contemplar la conformación de un ente supranacional que dicte normas que sean compatibles con los objetivos del acuerdo y revisar las conductas de las empresas, por ejemplo, en materia de competencia o de garantías a la inversión. La reciente compra de Bellsouth L.A. por Telefónica es un ejemplo interesante, pues los efectos de ese acto tienen una dimensión mayor cuando se analizan en el contexto internacional. Basta decir que compromisos de ese tipo operan entre EE.UU. y Europa, los cuales han tenido incidencia importante en casos como el de Microsoft.

Bogotá, D. C., 22 de junio de 2004.