20. TLC 2

Corriendo el riesgo de volverme repetitivo, nuevamente me referiré al TLC. Recientemente EE.UU. ha sugerido la necesidad de privatizar algunas empresas de la nación, como COLOMBIA TELECOMUNICACIONES porque, según afirman, los costos de los servicios resultan muy costosos y repercuten negativamente en las relaciones comerciales de ambos países.

En pasados artículos mencione la necesidad de ponerle cifras a las conversaciones y, en especial, de presentar a los norteamericanos los valores de terminación de llamadas en el país, los cuales son bastante eficientes e inferiores a los que tienen otros países de la región. Por lo tanto, antes de proponer una privatización hay que revisar si realmente se justifica la medida.

Sin embargo, también puede resultar interesante estudiar la propuesta pues, en verdad, no es totalmente claro que se necesite un operador nacional de telecomunicaciones cuya presencia en el mercado está rodeada de tantos riesgos, mientras que es posible encontrar otras formas más eficientes de atender el servicio en las zonas apartadas del país.

De por sí TELECOM, para identificarlo por la marca, está lejos de ser una empresa competitiva, a pesar del esfuerzo que han hecho los actuales directivos, a los que sin lugar a dudas hay que hacerles un gran reconocimiento. Los problemas de la empresa son otros. Carece de espectro para servicios móviles, tiene una gran cantidad de líneas de bajo consumo y sus costos de operación siguen siendo altos. Su presencia en el mercado corporativo se ha reducido y su afán por emular a sus competidores no le permite explotar su vocación de carrier. Sin mencionar el canal de televisión que desde hace tiempo debería estar en manos de terceros.

Por otra parte, resulta irónico que esta propuesta la haga EE.UU. cuando los norteamericanos han perdido interés en nuestro mercado. Basta mirar el fracaso en la venta de la ETB, donde los pocos que se acercaron a preguntar fueron europeos; otra prueba es la venta que hizo Bellsouth de sus inversiones en Latinoamérica y otra, la de AT&T. Así las cosas, la pregunta que debería hacerse es ¿quién y cuánto van a pagar por la empresa?

Hay que agregar que si la propuesta de privatización se extiende a las empresas municipales, que siendo públicas no pertenecen a la nación, verdaderamente se les perdieron los papeles a los negociadores o confundieron la carpeta con la de Costa Rica, donde la idea no caló, o con las de Ecuador donde, en cambio, bien les vendría recibirla. Pero en el caso de nuestro país, debe quedar claro que la nación no puede ordenar la privatización de las empresas municipales porque sería contrario a nuestra Constitución Política.

En cambio, es necesario que los EE.UU. se comprometa a perseguir el call-back y la generación de tráfico clandestino, práctica que recientemente calificó la OMC como contraria a los acuerdos de integración comercial en un fallo que favoreció a México. Al fin y al cabo, si ese tráfico pudiera contabilizarse por los operadores habilitados, se daría un espacio más amplio para bajar los costos de terminación en una relación “gana-gana”, sin perjuicio que, sobre esa base, se discutieran algunos aspectos regulatorios como la reventa de servicios a las empresas norteamericanas. Afortunadamente en este proceso está la voz de Eduardo Pizano, a fé mía uno de los mejores negociadores y a quien le caben muchas cosas en la cabeza.

Para concluir, nuevamente insisto en la necesidad de contemplar la conformación de un ente supranacional que dicte normas que sean compatibles con los objetivos del acuerdo y revisar las conductas de las empresas, por ejemplo, en materia de competencia o de garantías a la inversión. La reciente compra de Bellsouth L.A. por Telefónica es un ejemplo interesante, pues los efectos de ese acto tienen una dimensión mayor cuando se analizan en el contexto internacional. Basta decir que compromisos de ese tipo operan entre EE.UU. y Europa, los cuales han tenido incidencia importante en casos como el de Microsoft.

Bogotá, D. C., 22 de junio de 2004.

19. Vuelve y juega

Debo reconocer que muchos de los artículos que he escrito para TOP COMM, recogen los comentarios que las personas realizan, los cuales simplemente retransmito con unas reflexiones personales. Sin embargo, algunos de estos artículos han resultado curiosa y coincidencialmente vigentes esta semana, por lo que quiero insistir en los temas que allí planteaba.

En orden, al primer tema que quiero referirme es el de la responsabilidad de las compañías de seguro. En este momento estoy escuchando que Seguros del Estado se niega a pagar una indemnización de solo $25 millones por la caída de un poste sobre un automóvil, en plena carrera15. Todos sabemos que son miles las excusas jurídicas que presentan las compañías de seguro para pagar los siniestros; pero, además, las pólizas solo son útiles para cubrir siniestros tan calamitosos que solo caen en la categoría de “pérdida total”, pues, a menos que la póliza sea de aquellas empresariales por cientos o miles de millones, en los demás casos la mayoría de los ciudadanos estamos indemnes a pesar de tener supuestamente un seguro.

Lamentablemente, parece que el control sobre la actividad financiera y aseguradora solo cabe hacerlo por vías judiciales, pero no por las ordinarias, sino con tutelas y con acciones colectivas, que para muchos son la única forma de tener acceso real a la administración de justicia, aunque al final se puedan producir fallos controvertidos y hasta peligrosos.

Bueno sería que el tema fuera revisado por el gobierno, no dentro del marco de la discusión de la reforma a ley 80, como ya expuse, sino en ejercicio de las funciones constitucionales que tiene el Presidente de la República sobre esta materia.

En segundo lugar, quiero referirme brevemente a OLA para llamar la atención sobre la advertencia que había hecho de la necesidad de corregir los problemas de planeación de la red, concentrarse en mejorar el servicio en las ciudades donde ya está y el riesgo de crecer hacia otras localidades del territorio, mientras no se resolvieran las deficiencias presentadas. Ahora parece que deben desmontar cerca de 100 torres porque no cuentan con los requisitos para su instalación y las reclamaciones de los usuarios siguen igual.

Pero como el ánimo de este escrito no puede ser el de criticar, creo que es necesario insistir en la necesidad de tomar medidas radicales para evitar el desgaste de la marca frente a los usuarios, especialmente en el área de atención al cliente, para lo cual es necesario que la empresa cree una diferencia importante en el mercado.

Quiero también hacer un reconocimiento a ORBITEL por su estrategia empresarial. Resulta satisfactorio ver como un operador colombiano toma acciones comerciales similares a las que están anunciando operadores como BT, AT&T y France Telecom en este momento.

Por supuesto, este tema va acompañado de las discusiones del TLC. Esta semana TOP COMM nos ha informado sobre los resultados de una negociación entre EE.UU. y México, como consecuencia del informe de la OMC sobre la aplicación de las medidas de liberalización de las telecomunicaciones en este último. Principalmente, a México se le ordenó permitir la libre negociación de las tarifas de terminación de tráfico y acabar con el retorno proporcional, medidas que en Colombia fueron adoptadas hace casi cinco años.

Sin embargo, conforme a las recomendaciones de la OMC, el acuerdo entre México y EE.UU. permite restringir la “reventa internacional simple para evitar que se curse tráfico ilegal”, según dice la noticia. Debemos suponer, entonces que, cuando menos, este será el piso de nuestros negociadores.

Bogotá, 6 de junio de 2004