7. convergencia

En la anterior oportunidad me refería a las posibilidades de la introducción de la televisión digital en Colombia, teniendo en cuenta que pronto iniciará su trámite un nuevo proyecto de ley de televisión, como es probable que igualmente ocurra con una ley general de telecomunicaciones.

Al respecto, parece que no se hubiera hecho conciencia sobre la necesidad de coordinar ambos proyectos, de manera que ambos apunten hacia el desarrollo de una industria de telecomunicaciones que procure un ambiente multimedia, con el fin de que los beneficios de las tecnologías de la información lleguen a todos los habitantes.

Precisamente, como sinónimo de un mundo digital y multimedia, uno de los conceptos que se repite cada vez con mayor frecuencia en el sector de las telecomunicaciones es el de “convergencia”. Sin lugar a dudas, la industria a nivel mundial se orienta por ese camino, tanto en sus desarrollos tecnológicos como en la oferta de servicios, pero no puede olvidarse que todos estos avances están condicionados por la realidad imponderable del mercado. Se requiere, por lo tanto, que los intereses de los productores y los consumidores también “converjan” en un escenario gana-gana para todos.

Ante todo, debe aclararse que la posibilidad de que mediante una licencia única, un operador pueda prestar servicios de telefonía fija o móvil, larga distancia e internet, como muchas veces lo han reclamado algunos operadores, no es una condición para la convergencia, ni siquiera estamos hablando realmente de convergencia.

La convergencia de los medios de comunicación y la industria de las telecomunicaciones y la informática es la verdadera convergencia y a la industria nacional la separan para eso dos cosas: la Constitución Política y algunas condiciones fácticas de nuestro sector, en especial, su estructura de capital y los intereses de los propietarios de las empresas de telecomuni-caciones y de los medios de comunicación.

En relación con el marco jurídico puede afirmarse que no se trata de un obstáculo insalvable y que incluso no requiere de una reforma constitucional muy profunda. Sin perjuicio que deban resolverse los reparos que se han formulado al funcionamiento de la Comisión Nacional de Televisión, es importante que no se afecte la autonomía de la entidad. Colombia fue uno de los primeros países en el mundo en incluir en su organización política una entidad de esta naturaleza, que debe ser mirada como un objetivo alcanzado dentro de un proceso de maduración democrática de nuestras instituciones.
En cuanto a los intereses de los propietarios, cabe preguntarse si están igual de interesados los proveedores de servicios de televisión, incluyendo a los programadores, en participar del mercado de las telecomunicaciones y, así mismo, si los operadores de telecomunicaciones están interesados en competir con los servicios de difusión e invertir en la industria de contenidos.

Por lo tanto, la evolución de la industria hacia un futuro convergente puede hacerse y debe analizarse en dos sentidos: desde los servicios de difusión hacia los servicios de telecomunicaciones, o a la inversa, desde los servicios de telecomunicaciones hacia los servicios de difusión.

Imaginemos, entonces, las consecuencias que traería para el sector de televisión un acuerdo como el que acaban de lograr el operador de cable TPS con France Telecom para hacer uso de su red de ADSL.

Admitiendo que ese acuerdo puede redundar en beneficios considerables para la industria y los usuarios, pensemos ahora en lo que ocurriría si el operador telefónico pudiera ofrecer los servicios directamente.

Así, en un escenario convergente es probable que la llegada de contenidos y servicios multimedia por las redes telefónicas solo refuerce la posición de los actuales monopolios públicos, en detrimento de los operadores de televisión por suscripción, que a pesar de su crecimiento, no se encuentran en capacidad de contrarrestar el poder de mercado de dichas empresas.

En cambio, pensar en el proceso inverso, es decir, que los proveedores de servicios de televisión se atrevan a competir con los operadores de telefonía en la prestación servicios de telecomunicaciones, resulta muy aventurado.

Como consecuencia de lo anterior, la consolidación de los operadores públicos será un factor fundamental en las decisiones de inversión de los empresarios privados, más cuando los operadores públicos tienen hoy una considerable participación en todos los segmentos de la industria. Por eso, no será improbable que en el futuro la participación privada esté asociada con la empresa pública y no en forma independiente, una situación que parece contradecir las tendencias mundiales de la industria hasta el momento.

Sin embargo, debe quedar claro que no puede considerarse como algo negativo para el país que se produzca una situación como la descrita; por el contrario, la consolidación de los operadores de telecomunicaciones nacionales a partir de las empresas telefónicas oficiales puede ser la base para construir un modelo de desarrollo propio.