10. TLC

Hace más de un mes me refería en un artículo sobre el referendo, a las consecuencias que puede tener para las telecomunicaciones la negociación de un tratado de libre comercio. El tema poco a poca va teniendo eco entre algunos comentaristas. Por ejemplo, Sergio Martínez se refería la semana pasada en El Tiempo a la necesidad de congelar cualquier proyecto de ley hasta cuando se concluyan las negociaciones, las cuales se calcula pueden durar alrededor de un año, lo cual sería sensato teniendo en cuenta la magnitud de los asuntos involucrados.

Pero lo primero que hay que pedir es que las empresas y los gremios se preparen para tener una posición clara al respecto, pues doy por sentado que el gobierno nacional es conciente de las implicaciones que puede tener cualquier cambio en el marco jurídico del sector, partiendo de los análisis hechos para el proyecto de ley.

Sin embargo, es importante que las empresas hagan los análisis del caso. Me preocupa, por ejemplo, lo que puede ocurrir con los servicios de telefonía de larga distancia, en especial porque Colombia Telecomunicaciones y la ETB deben tener otras prioridades en su agenda.


El tema se reduce a un solo aspecto: cómo se devolverían los $450 millones de dólares de las tres licencias otorgadas?

Muchos se preguntarán por qué la tercera licencia? Es importante recordar que la licencia fue otorgada y contabilizada dentro de los activos de TELECOM, que actualmente respaldan los pasivos de la empresa.

Algunos dicen que el valor de las licencias no es el problema porque las empresas ya recuperaron su valor. Esa afirmación es casi inaudita. Un cálculo rápido, sin conocer exactamente los costos administrativos, de publicidad, entre otros, puede arrojar que las empresas no recuperaran esa suma sino hasta el año ocho o nueve de operaciones, lo cual podría llevar a que el Estado deba indemnizarlos porque el valor de la licencia y las proyecciones de mercado que sirvieron de base para su cálculo, no se cumplieron y que, por lo tanto, el negocio no entregó las utilidades que se hubieran podido obtener en un negocio de características similares.

Desafortunadamente, aún cuando esas diferencias podrían resolverse con el término de la prórroga, es muy probable que en cinco años cuando se vence el término inicial, esa oferta resulte más difícil de concretar. De hecho, si hoy el tema de las licencias ha sido tan criticado, para ese momento no habrá quien pueda defender la continuidad de este esquema.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que uno de los objetivos de la liberalización es reducir las transferencias que se causan desde los Estados Unidos hacia estos países. El tema no es de poca monta porque si bien es sabido que la relación de tráfico entre ambos países es de tres a uno, al intensificarse el comercio entre ambos países, el tráfico puede fácilmente doblarse. De hecho, el total del tráfico de los Estados Unidos con el resto del mundo en la década pasada creció cinco veces.

Sin lugar a dudas, son claros y justificados los intereses de los Estados Unidos en eliminar los excedentes monopólicos y las ineficiencias que se producen en un mercado muy cerrado, mientras que los beneficios que se obtienen de un sector liberalizado pueden ser optimizados mediante las economías que producirían la expansión de sus empresas.

Pero el tema debe ser considerado con igual cuidado por nosotros, porque nuestros intereses también son justificados. El primero, la estabilidad de las reglas de juego para los inversionistas, regla que le interesa defender a ambas partes.

Por eso también sorprende la poca atención que le han prestado al tema las empresas locales. Por decirlo gráficamente: para ellas es una fuente muy importante de ingresos y la gallina de los huevos de oro, que parece un gato, puede estar en sus “últimas vidas”.

Por lo anterior, creo que una forma de iniciar el estudio de este tema, debe ser analizando la estructura de costos de terminación de tráfico, con el fin de tener argumentos para demostrar la competitividad del mercado colombiano, es decir, que los precios que se ofrecen en el exterior no serían diferentes de los que se obtendrían si se cambiaran las reglas de juego.

Eso puede significar que las empresas locales deban ceder en algunos aspectos, entre otros, el valor de los cargos de acceso y su alternativa de cargos por capacidad.

En conclusión, el tema no es únicamente propiedad de los licenciatarios, sino de todas las empresas que pueden verse afectadas con los cambios, pero ojalá que de presentarse la discusión los cambios no se produzcan hacia atrás, porque quienes se sienten en la mesa no pueden hacerlo pensando en resolver las diferencias locales y en sacar ventajas de sus competidores o de sus socios comerciales, sino en construir una posición unificada del sector que pueda ser defendida claramente por el gobierno, el cual tampoco puede caer en la trampa que según definiera el representante de ACOPI para referirse a la reforma tributaria y el acuerdo sobre salarios, consiste en hacerle creer al Presidente que lo popular es lo impopular.